Dicen que para nada le cayó en gracia al gober Rubén Moreira que la atención sobre las reformas a la Ley y Código de la Familia se centrara en un polémico artículo que permite que las y los amantes puedan exigir de sus amasios o amasias una pensión alimenticia cuando la relación extramarital llegue a su fin y se compruebe una dependencia económica. Una medida que de inmediato generó todo tipo de comentarios entre quienes gustan de opinar en los distintos foros cibernéticos puesto que, contrario a lo que se dice, no redunda en un verdadero beneficio para la sociedad, si no que más bien deja ver en parte un criterio con claros tintes moralistas que en vez de resolver problemas, genera otros, como la posibilidad que las esposas o los esposos de los infieles se queden con una porción más reducida de la manutención que les corresponde ya que la tendrán que compartir con la mujer o el hombre enredado con su pareja. Bonita cosa.
Según los subagentes disfrazados de puertas, el enojo del inquilino del Palacio Rosa tiene su motivación en que por la amplia difusión que se le dio a la controvertida disposición legal, se dejaron de lado otros aspectos importantes -estos sí- de la reforma, como la ampliación de los beneficios de la maternidad asistida o el endurecimiento de las medidas contra padres que no pagan la pensión alimenticia para sus hijos. Pero es que no había forma de no llamar la atención con semejante modificación. Algunos diputados locales, fieles soldados del señor gobernador, intentaron justificar el artículo de referencia con los argumentos más extraños. Por ejemplo, Luis Gurza, el expanista neopriista, dijo que con este cambio en la Ley y el Código los hombres se verían obligados a andar más “derechitos” en su vida marital. Menuda justificación que deja ver que, ahora resulta, el Congreso estatal está más preocupado en legislar contra las posibles prácticas inmorales de sus representados (aquí todos nos persignamos) que por la corrupción que existe en el sistema político que, por cierto, genera mucho más daño a la sociedad que los cuernos que pone uno que otro afecto a la vida disoluta (nos volvemos a persignar). O sea que en Coahuila pueden desaparecer sin justificación miles de millones de pesos de una deuda que los ciudadanos tendrán que pagar por el resto de sus días sin que haya responsables, pero que no se les ocurra a esos mismos ciudadanos desfalcados andar de traviesos. Un fuerte aplauso, por favor.
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Cuentan las malas lenguas que el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, no sólo ha aumentado sus acciones en el interior de la provincia en pos de ser el candidato a la gubernatura en 2017, sino que, además, con el afán de sumar la mayor cantidad de adeptos posibles no está cuidando formas y apariencias, como hacían los viejos priistas, en eso de tomarse la foto con algunos personajes. Y es que hace algunos días don Miguel viajó a San Buenaventura para asistir a la fiesta de cumpleaños del alcalde de ese municipio, Oscar Flores Lugo, mejor conocido como “La Pólvora”, con quien se tomó la consabida foto, misma que circuló en las redes sociales. Y esto no tendría nada de extraordinario a no ser por el hecho de que don Oscar prácticamente ha puesto de cabeza a su ayuntamiento con medidas que bien pudieran parecer sacadas de la película la Ley de Herodes. Resulta que “La Pólvora”, haciendo honor a su apodo, encendió los ánimos de la comunidad que gobierna con el aumento de impuestos y la creación de otros. Por ejemplo, comenzó a cobrar un tributo por posesión de cabras a los productores a razón de 20 pesos por cabeza. También incrementó la tarifa de agua potable y disparó los valores catastrales ¡hasta 800 por ciento! Como era de esperarse, el pueblo se rebeló y los quejosos más osados mantuvieron tomada la presidencia municipal durante cuatro meses. Al alcalde no le quedó de otra que dar marcha atrás a sus medidas aunque, claro, nunca se les regresó el dinero a los que ya habían pagado. Con estos antecedentes, y aunque parece haber una línea marcada por algunos integrantes de la nomenclatura priista para apoyar las aspiraciones del munícipe de la Perla de La Laguna, no deja de llamar la atención que éste se codee con estos personajes, digamos, polémicos. Ojalá que don Miguel no esté pensando contratar como asesor a tan colorido personaje, no vaya a ser que se le pegue lo “ocurrente” del actual mandatario estatal y le vaya a dar, de llegar al Palacio Rosa, en copiar algunas de las medidas aplicadas por “La Pólvora”. Que el Cielo nos escuche.
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En más asuntos de la grilla, pero ahora del otro lado del Nazas, nuestros subagentes disfrazados de despensas nos informan que, al margen del bonito y civilizado acuerdo que realizaron los precandidatos del PRI a la gubernatura, resulta que el gober de Durango, Jorge Herrera Caldera, tiene casi toda la semana en la capirucha del esmog, donde se ha entrevistado con el “Padrino” Manlio Fabio Beltrones, pastor nacional del tricolor, y con su exaliado el senador Ismael Hernández Deras, para hablar sobre el tema de la sucesión. Y es que, según dicen, este asunto trae de cabeza a don Jorge debido a que no ha podido conciliar intereses y unificar criterios para que tanto en la capital de los alacranes como en La Laguna apoyen a su gallo, Esteban Villegas. El punto central es que el gober simplemente no quiere, por nada del mundo, que la senadora lagunera Leticia Herrera sea la abanderada del PRI para la gubernatura y mucho menos que llegue a sentarse en la Silla Máxima del estado, porque no tendría quién le cuide las espaldas en el próximo sexenio. Mientras tanto, aseguran que el virtual candidato de la oposición, el senador expriista José Rosas Aispuro, se encuentra muy contento capitalizando la división que existe en el PRI y tiene ya varias velas encendidas para que el candidato del tricolor sea el más “débil” de los aspirantes, ¿Villegas, quizás? Y en medio de esto, Herrera Caldera tuvo que suspender la agenda que tenía prevista para ayer viernes en La Laguna con el fin de seguir haciendo alianzas y amarrando lo que hasta ahora se ve muy desparramado.
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Como lo habían pronosticado nuestros subagentes disfrazados de máquinas de escribir arrumbadas, los abogados gomezpalatinos que se quejaron del mal servicio que ofrece en general la Vicefiscalía de Justicia en La Laguna de Durango, siguen sentados esperando a que algo de lo prometido por el vicefiscal Gerardo Salazar Mejorada o la fiscal Sonia Yadira de la Garza suceda. Y los letrados se preguntan por qué no hay cambios en la oficina de marras, tanto del titular de esa institución como de agentes del Ministerio Público, pues salvo sus honrosas excepciones, se dice que la mayoría se dedica a obtener ingentes beneficios económicos (nótese el eufemismo). Aunado a lo anterior, cuentan que varios agentes, así como secretarias, provienen de Durango y desde hace más de dos años utilizan el edificio de la Vicefiscalía prácticamente como hotel, con todo lo que ello implica. La situación imperante provocó que las agrupaciones de abogados se decidieran a tratar la problemática con el vicefiscal y ya se han realizado dos reuniones con la promesa del responsable de la institución de que las cosas van a mejorar y que si hay quejas, las hagan llegar para proceder en consecuencia, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Y dice don Teofilito que ni ocurrirá. En fin, al tiempo.
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Pero también en las oficinas de procuración de justicia de La Laguna de Coahuila se cuecen bien las habas. Y es que corre el rumor entre personal de la Delegación Laguna I de la Procuraduría estatal, con sede en Torreón, que el encargado del departamento de Coordinación Administrativa, César Treviño, se ausenta a cada rato con cualquier pretexto porque se dice que tiene otra chamba en la Comisión Nacional del Agua. Pero eso no es lo grave, cada quien con sus posibilidades laborales. El problema es que, cuentan, utiliza el vehículo oficial, con todo y combustible cortesía de los impuestos de los sufridos ciudadanos, para sus asuntos personales o para atender el puesto federal que tiene. Además, los subagentes disfrazados de muebles viejos comentan que don César gusta de organizar fiestas en la bodega de bienes asegurados de la Procuraduría, ubicada también al oriente de la ciudad, en donde se echa mano (y garganta) de la cerveza y otros preciados bienes que han sido decomisados, y son ofrecidos a los participantes en los frecuentes convites. Quienes saben cómo se manejan las cosas dentro de la delegación dicen que este caso es sólo una muestra del desorden administrativo que existe en la oficina, el cual también se refleja en la falta de insumos básicos, en el descuido de los sanitarios, que están en condiciones menos dignas que los de una terminal de autobuses de un pueblo de paso, y en la deficiente atención que brinda parte del personal. Y esto sólo por mencionar algunos desperfectos. Con todo esto no resulta extraño que las víctimas de los malandros (que todavía hay, y varios) la piensen más de dos veces antes de ir a presentar una denuncia.
