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Deslaves

JULIO FAESLER

Dos eventos importantes hicieron memorable a esta semana. El primero, fueron los deslaves del talud en Santa Fe donde se construyeron, sin mayor consideración a las funestas y posibles consecuencias, magníficos edificios de lujosos departamentos.

El segundo evento fue la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió la demanda de amparo, en materia del uso de marihuana, contra una decisión de la Cofrepris presentada por cuatro ciudadanos miembros del grupo Smart.

El caso del desmoramiento de tierra sobre el que se construyeron los edificios es un nuevo episodio que revela las hondas deficiencias y corrupción en la gran industria de los inmuebles.

El hecho está en que se utilizaron tierras que ahora se revelan inestables e inadecuadas. Realizados o no estudios de mecánica de suelo, el resultado neto lo sufren los que han tenido que desalojar sus hogares sin aviso alguno. De haberse dictaminado favorablemente, los expertos que extendieron su aval cargan por ello mismo una pesada responsabilidad. Si por el contrario, ellos no certificaron la bondad del terreno, los que pasaron por encima de ello son los que están en grave falta. La corrupción puede ser la más simple explicación. Otra vez se confirma la irresponsabilidad con que se abren un buen número de desarrollos habitacionales en la República.

La literalidad de las autorizaciones para construir en los terrenos defectuosos que seguramente exhibirán los dueños de los edificios choca contra el sentido común que mandaba no realizar la problemática obra. Ya sabremos si los seguros cubren la contingencia de movimiento de tierra, independientemente de sismos.

Tomar decisiones amparadas en la formalidad jurídica no es privativo de los constructores de estructuras inmobiliarias. También lo encontramos en los que construyen estructuras jurídicas.

La sentencia aprobada por la mayoría de ministros de la Suprema Corte, ampara a los cuatro demandantes que, contra lo decidido Cofepris, ahora quedan autorizados para sembrar cultivar, consumir, procesar y transportar marihuana, mas no comercializarla.

El argumento central de la Corte fue que es anticonstitucional prohibir el consumo personal de marihuana con fines recreativos o "lúdicos" "por ser contrario al libre desarrollo de la personalidad y de la libertad pérsonal". La sentencia no constituye una autorización a la comercialización de la yerba y tampoco modifica las leyes en vigor sobre el consumo.

Queda, aunque no se quiera, la huella indeleble de la decisión de la Suprema Corte que declara anticonstitucional determinados artículos de la Ley de Salud que prohibían tal uso de la hierba.

Las consultas públicas han sido mencionadas como la vía para resolver los problemas que el tema plantea y orientar la acción del gobierno a la luz de lo que mande el pragmatismo popular. Es muy importante distinguir entre lo que el gobierno debe hacer para proteger la salud pública de acuerdo con la ciencia y la experiencia práctica, que constituye la reconocida responsabilidad de la Secretaría de Salud y, por otra parte, lo que emerge como verdad jurídica inconmovible.

Hay que tener en cuenta que el juez no debe deleitarse en purezas jurídicas. La pureza jurídica es la que llevó a la Suprema Corte a allanarle el camino a la libertad, en flagrante atropello al sentido común, hace tres años aquella francesa asociada a un grupo de secuestradores.

La pureza jurídica, impide a Estados Unidos controlar la ola de homicidios que les aflige debido a una férrea interpretación constitucional cabildeada por la National Rifle Association.

El caso es que la formalidad jurídica puede ser enemiga de lo justo y de lo sensato. Las autorizaciones formales de las que se valieron los constructores de los edificios de Santa Fe abocan ahora en deslaves de exageradas consecuencias personales y económicas. La formalidad de la que hace gala la Corte aplicando el bisturí jurídico para justificar el uso de la marihuana es otro caso de alejamiento de la ingente necesidad de proteger la salud de nuestra comunidad. Sólo que este deslave es más costoso para toda la sociedad.

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Escrito en: Julio Faesler

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