De poco o nada sirve barrer la casa si vamos a aventar el polvo al patio, o peor, debajo de la alfombra. Una nota de Pedro Tonatzin en el Excélsior el miércoles y la columna de Carlos Loret de Mola del jueves, ponen el acento en lo que es quizá lo delicado del sistema judicial mexicano: la impunidad. Tonatzin narra cómo un ex jefe policiaco del famosos alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que fue cesado por haber atacado con sus elementos a policías de otro municipio, ha regresado triunfal a su puesto con el nuevo alcalde. En la columna de Loret leemos que Celina Oseguera Parra, que había sido directora del Penal de Puente Grande, de donde se fugó por primera vez el Chapo, dio vueltas por todo el sistema penitenciario del país hasta terminar de manda más de las prisiones desde donde alineó las cosas para la fuga del narco más buscado del mundo.
Se supondría que ambos para tomar posesión de sus respectivos cargos debieron haber pasado los exámenes de control y confianza. Ya sabemos que los exámenes no son infalibles, lo que resulta absurdo es que sea éste el único elemento a evaluar antes de poner nuestra seguridad en sus manos. Lo grave de estos casos es que son sólo una muestra de lo que puede hacer la impunidad en este país: es más fácil que un delincuente de buen rango se reinserte en el sistema político a que un pobre obtenga justicia.
El afán reformista de este gobierno, y habría que decir de esta generación, no alcanzó para hacer una reforma seria y de fondo del sistema de justicia. Sin negar la importancia y el aporte que significa el sistema de juicios orales (que con todos sus cuestionamientos es sin duda mejor que el anterior) el problema es mucho más profundo y requiere una revisión completa de toda la cadena, desde las fiscalías, hasta el sistema penal: hoy en día tenemos en prisión a decenas de miles de personas que no representan un riesgo para la sociedad (y que nos cuestan carísimo) y en la calle a cientos de personas vinculadas y protegidas por sistema político con son un riesgo permanente no solo para la seguridad pública (la seguridad nuestra de cada día) sino para la seguridad nacional (la viabilidad del país).
Va a ser muy difícil que la generación actual de la clase política, los mismos que vemos acordando los unos con los otros, brincando de puesto en puesto y de un partido a otro, logren una reforma de fondo del sistema de justicia. Pero si la nueva generación de políticos, esos que tienen menos de 40 y comienzan a llegar al poder, no se lo plantean en serio, el país se le vas a desbaratar en las manos (con nosotros en medio). No se trata solo de barrer la casa, sino de limpiar y sanear en entorno.
