Gravedad. Dos presuntos implicados en la venta de menores sonorenses son buscados por la Interpol.
La Procuraduría de Justicia en Sonora pidió el apoyo de la PGR y de la Interpol para buscar en 189 países al exempleado de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia de Sonora y su cómplice acusados de formar parte de una red de venta de bebés a parejas de México y Estados Unidos
Tatiana Gómez Unger, vocera de la Procuraduría de Justicia de Sonora, informó que se inició una búsqueda internacional de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y de José Manuel Hernández López, por los delitos de tráfico de infantes.
La Interpol cuenta con 190 países miembros, México incluido, por lo cual la búsqueda para el exfuncionario del DIF y su cómplice, también abogado, se abrió a países de los cinco continentes.
Se cuestionó a Gómez Unger desde cuándo se solicitó el apoyo internacional y se pidió la colaboración de las procuradurías de otros estados del país, pero no hubo respuesta.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertó el 26 de marzo de este año, mediante un oficio al procurador de Sonora, sobre la existencia de una "compleja red" dedicada a la venta de bebés a parejas mexicanas y estadounidenses.
En rueda de prensa, el jueves pasado, el pocurador Carlos Navarro Sugich reveló que desde el 26 de marzo, a raíz de una denuncia anónima, comenzaron a investigar la venta de bebés y al momento identificaron nueve casos, de los cuales resultaron 16 órdenes de aprehensión, 14 para "compradores" y dos para vendedores.
A la fecha, solamente ocho personas han sido aprehendidas y encarceladas, de las cuales las ocho obtuvieron su libertad por estar acusadas de un delito no grave, indicó Navarro Sugich.
En mayo, la Procuraduría de Justicia tuvo en sus oficinas a Arzate Carbajal y Hernández López, quienes relataron su modus operandi y detallaron algunas ventas de infantes que extrajeron desde el Hospital Integral de la Mujer, de madres en situación vulnerable, quienes no obtuvieron dinero, en tanto que ellos cobraban entre 80 y 110 mil pesos por cada venta.
En aquel momento, la Procuraduría no solicitó arraigo contra ellos y los dejó ir hasta que el miércoles 26 de agosto fueron liberadas órdenes de aprehensión en su contra por tráfico de infantes.
