Las deportaciones ocurren en cumplimiento de la orden dada semanas atrás por Maduro, quien decretó un estado de excepción en varios municipios de Táchira, y el cierre de la frontera por un período de 60 días desde el 22 de agosto. (ARCHIVO)
La crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia será ventilada hoy en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en medio de anuncios que apuntan a un escalamiento en el ámbito de los derechos humanos.
El Consejo Permanente de la OEA se reunirá este lunes para considerar la solicitud del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para que se convoque a una reunión de Consulta de Cancilleres a fin de discutir la situación generada a mediados de este mes.
La misión de Colombia ante la OEA, que encabeza el embajador Andrés Gonzáles, presentó la mañana del viernes la petición formal al embajador de Uruguay ante la OEA, Hugo Cayrús, quien ocupa la presidencia rotativa del consejo.
Un día antes Santos llamó a consultas al embajador de Colombia en Caracas, Ricardo Lozano, en el marco de la crisis en el estado venezolano de Táchira, en la frontera con Colombia, desde donde centenares de colombianos han sido deportados a su país.
Colombia ha expresado su malestar por la forma en que Venezuela ha conducido estas deportaciones, a manos de miembros de las fuerzas armadas venezolanas, sin ningún proceso administrativo formal de por medio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó el viernes de “arbitrarias” las deportaciones colectivas, además de externar su preocupación por la orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cerrar de manera temporal esa frontera.
El comisionado Felipe González, relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, dijo que la información que han recibido apunta a señalar que estas deportaciones se estarían realizando de forma arbitraria, “sin que se respetasen garantías de debido proceso migratorio”.
Las deportaciones ocurren en cumplimiento de la orden dada semanas atrás por Maduro, quien decretó un estado de excepción en varios municipios de Táchira, y el cierre de la frontera por un período de 60 días desde el 22 de agosto.
El decreto fue adoptado en respuesta a un enfrentamiento ocurrido el 19 de agosto entre miembros del ejército venezolano y presuntos contrabandistas o paramilitares colombianos que operan en la frontera entre Venezuela y Colombia que dejaron un saldo de tres militares venezolanos y un civil herido.
Independiente del resultado de la reunión de este lunes, la crisis será llevada a la CIDH, en lo que se anticipa será un nuevo elemento de contención dada las difíciles relaciones entre el máximo organismo hemisférico en este ámbito y el gobierno de Venezuela.
El alcalde de la ciudad Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, viajará este martes a esta capital para interponer ante la CIDH una denuncia contra el estado venezolano en relación con las deportaciones.
“Este martes estaré en Washington interponiendo denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Maduro", anunció el edil a través de su cuenta en la red social Twitter.
