A casi tres años de iniciada la administración del presidente Enrique Peña Nieto, las desapariciones forzadas siguen siendo una herida abierta en la sociedad mexicana. Uno de los saldos más negativos que dejó el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue el de miles de familias en la zozobra por la ausencia de un ser querido. En los últimos dos años del gobierno anterior comenzó a visibilizarse el problema, pero el reconocimiento de la tragedia de poco ha servido hasta ahora para avanzar en las soluciones.
El primer paso es conocer la magnitud del problema. Aunque durante el último trienio se ha hablado de una cifra posible de 25,000 desaparecidos, a la fecha no existe un dato cierto. Y las propias autoridades federales han terminado por reconocerlo. Hace algunos días, funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación declararon que uno de los objetivos de la nueva Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas será el de contribuir a conocer la cifra real de mexicanos desaparecidos.
Aunque dicha ley puede considerarse como uno de los escasos avances en la materia, no está exenta de críticas. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y especialistas en el tema, señalaron que a la ley de referencia le hace falta mayor claridad en la definición de qué es una desaparición forzada y quiénes son las víctimas de este delito. Además, la norma no cuenta con protocolos de actuación de las autoridades y tampoco contempla un sistema nacional de casos y detenidos.
En este sentido, Coahuila -que según estimaciones concentra el 10 por ciento de las desapariciones- fue el primer estado de la República en publicar una ley para enfrentar el problema, y el primero también en abrir un registro de personas en esta condición. No obstante, la medida ha sido cuestionada por empresarios, quienes rechazan que se les cargue la manutención de los familiares de las víctimas cuando debería ser responsabilidad del Estado, pero también ha sido criticada por asociaciones de familiares que no observan avances en la búsqueda de sus seres queridos.
Pero quizás el dato más preocupante de todos es el que aportaron ayer organizaciones civiles enfocadas en este tema. De acuerdo con sus registros, en el gobierno de Felipe Calderón se reportó la desaparición forzada de 53 defensores de Derechos Humanos, mientras que en lo que va de la administración de Enrique Peña suman ya 81 casos, lo cual significa que en la mitad de tiempo se rebasó la cifra de todo el sexenio anterior. Es decir que no sólo no ha habido avances sustanciales, sino que se observan retrocesos en este punto. Y los victimarios pueden ser lo mismo criminales que funcionarios públicos.
Frente a este panorama, resulta urgente que los tres niveles de gobierno asuman con la mayor voluntad y celeridad posible la responsabilidad de frenar este tipo de delitos que ponen en riesgo a la población, dejan una profunda herida en las familias y exhiben al Estado mexicano en toda su fragilidad. Es hora que se aborde el problema con la seriedad que lo amerita.
