Vigilancia. Diputados y senadores estarán bajo la lupa de forma más severa.
A partir del 1 de septiembre se intensificará la difusión de cada una de las disposiciones jurídicas que incumplen diputados y senadores, mediante el llamado Violómetro Constitucional que han echado a andar académicos del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE) y la UNAM.
Se trata de un portal web, con un tablero y un segundero en tiempo real, que refleja el tiempo que han dejado pasar los legisladores federales para aprobar disposiciones jurídicas que tenían un plazo para su ejecución.
Los diputados y senadores están violando las leyes y la Constitución por no cumplir con los plazos que ellos mismos han impuesto para emitir leyes secundarias o hacer determinados nombramientos.
Roberto Duque, coordinador del Violómetro Constitucional, explicó que a partir del inicio de la 63 Legislatura habrá una intensa vigilancia ciudadana para señalar los casos en que los legisladores violan las leyes por sus omisiones.
"La 63 Legislatura tiene nuevos diputados que ya están en falta constitucional porque hay una serie de disposiciones que no se han cumplido, violaciones claras e inobjetables de los plazos que se ha dado el propio Poder Legislativo", indicó.
Académicos como Miguel Carbonell, María Marván y Pedro Salazar, de la UNAM, y Mauricio Merino y Ricardo Raphael, del CIDE, harán la presentación del Violómetro Constitucional hoy martes, día en que inicia la 63 Legislatura y el periodo de sesiones.
"Una vez que se ha vencido un plazo que tenía el Legislativo para hacer su trabajo, se encuentran en quebranto a la legalidad. Punto.
"Las omisiones legislativas fracturan al estado de derecho de manera doble. ¿Por qué? Porque el primer poder público obligado a cumplir las disposiciones constitucionales y legales, debería ser el Legislativo", indicó Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Agregó que cada vez es más frecuente la violación de los plazos para legislar en determinados temas o hacer los nombramientos de instituciones del Estado.
Por ejemplo, dijo, la reforma de 2011 en derechos humanos está inconclusa porque el Legislativo no ha hecho completo su trabajo, porque no ha expedido diversos ordenamientos legales, contra lo que le ordenó entonces la Constitución.
La Reforma Energética se encuentra en similares condiciones, advirtió.
Además, el Tribunal Electoral funciona incompleto y así lo hizo durante la fase crítica del proceso electoral en términos jurisdiccionales, debido a que el Senado no nombró al magistrado faltante en los términos que le ordenaba el artículo 99 constitucional.
"El Violómetro Constitucional sistematiza estas violaciones a la ley suprema a cargo del Poder Legislativo mexicano. Se exhiben en tiempo real estas violaciones que tanto lastiman al estado de derecho y a México todo" indicó.
El académico puntualizó que quienes impulsan este mecanismo son un grupo de ciudadanos preocupados por el Estado de Derecho y que esperan que el Poder Legislativo sea el primero en respetarlo.
"Si nadie castiga a los legisladores por sus violaciones constitucionales, arranca ahí la cascada de impunidad que inunda hoy al país", opinó.
Les recetan apertura
Luego de tres años de promesas y en su última semana de gestión, los diputados salientes decretaron un plan de transparencia y rendición de cuentas... para los nuevos legisladores.
Tras gastar en forma discrecional y en opacidad cerca de 3 mil 500 millones de pesos en los tres años de la 62 Legislatura, los coordinadores parlamentarios que el viernes terminaron su gestión oficialmente acordaron medidas de transparencia que ya no aplicarán para ellos.
Pese a que la nueva ley entró en vigor el 5 de mayo, fue hasta el 12 de agosto que se presentó una propuesta que le tocará implementar a la 63 Legislatura que este sábado se constituyó y que arranca oficialmente mañana.
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política aprobaron sin comentario alguno los seis puntos propuestos en la última sesión de la Junta de Coordinación Política por el entonces coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
El primero se refiere a las subvenciones de los grupos parlamentarios, los cuales reciben, en promedio, poco más de 500 millones de pesos por semestre.
Otra medida aprobada es adecuar el Reglamento de Transparencia que data de 2009 y que fue reformado en 2012.
Además, se tendrán que elaborar y aprobar los lineamientos de clasificación, desclasificación y custodia de la información de la Cámara de Diputados.
