Iguala. Una mujer participa con familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos.
El Ombudsman nacional Luis Raúl González señaló que la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas por Particulares debe incluir en su articulado la obligación de continuar con la búsqueda "aun cuando se haya determinado la responsabilidad en un caso, además de la tipificación del delito por particulares y la declaración de ausencia por desaparición".
De esta manera, el director de la CNDH aseguró que el problema de las desapariciones forzadas no se limita a los 43 estudiantes normalistas, "aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizadas que contengan los elementos necesarios para determinar con certeza el número de casos que serían imputables a autoridades del Estado y distinguirlos de la delincuencia organizada."
Además recalcó que el Caso Iguala ha contribuido a visibilizar la existencia de otros problemas sumamente delicados, y que demandan nuestra urgente atención, como los hallazgos de fosas clandestinas en algunos estados de la República. "Cada cuerpo localizado en estas fosas debe ser registrado e identificado debidamente y las circunstancias de sus decesos investigadas y los responsables sancionados", dijo.
Raúl González aseguró que para la elaboración de la Ley se debe escuchar a los familiares de las víctimas, atendiendo sus necesidades y opiniones, así como a las de organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en la materia.
AMPLÍAN PLAZO DE NORMALISTAS
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que decidió prorrogar dos meses el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) adscrito para coadyuvar con el Estado mexicano en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
Mediante un comunicado, el organismo internacional indicó que entre otras tareas, esto permitirá al GIEI recibir y procesar los comentarios y las observaciones al Informe Final.
Recordó que dichas observaciones podrán ser presentadas por el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, entre otros actores.
Mencionó que el Estado y los representantes tendrán hasta el 15 de septiembre para opinar sobre la posible renovación del mandato del GIEI.
Cabe recordar, que el GIEI fue designado por la CIDH en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México. Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes son Carlos Martín Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
El acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa estableció las actividades principales a ser desarrolladas por el GIEI: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Pocas detenciones
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido detener a la totalidad de las personas ni siquiera a todas aquellas que su propia "verdad histórica" señala como los autores de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, advierte el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su informe anual.
En el marco de su aniversario número 21, la organización no gubernamental elaboró un documento de más de 260 páginas titulado "Desde las trincheras de Ayotzinapa: la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo". En él repasa la historia de las normales rurales del País, la desaparición de algunas, incluida la del Estado de México cuando era el gobernador era el presidente Enrique Peña Nieto, y los diversos enfrentamientos entre policías y alumnos de la normal Raúl Isidro Burgos.
Sobre los sucesos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, expone una versión de los hechos reconstruida a partir de los testimonios de los sobrevivientes. En ella se habla de que los estudiantes habían llegado en dos autobuses a la terminal de Iguala, de la cual salieron con tres más. Uno de esos cinco vehículos terminó con sangre dentro.
"El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su subalterno a cargo de la policía ese día Alejandro Tenescalco", dice el informe en un apartado titulado "El Estado mexicano se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables". "Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos la gran mayoría de las 15 personas que según la Procuraduría habrían estado en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado "El Mochomo".
Acciones necesarias
El Ombudsman enfatizó que para atender dicho problema deben establecerse ciertas medidas, como:
⇒ Contar con un eficaz y exhaustivo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas.
⇒ La profesionalización de servidores públicos.
⇒ La conformación de un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
⇒ La creación de grupos capacitados y especializados; y creación de un Sistema Nacional de Información Genética.
