México y el cementerio de las preguntas
El gobierno mexicano posee un sistema ideal para la protección de los periodistas. Sin embargo, México es la prueba de que un país puede ofrecer estabilidad a los inversores y, al mismo tiempo, tener un desempeño execrable en materia de libertad de información.
"Damas y caballeros, si no podemos debatir sobre los problemas de nuestra sociedad, y aún más importante, sobre los problemas de nuestro gobierno, entonces no podemos decir, con total honestidad, que somos una democracia".
Freddie Lyon, The Hour
Un día cualquiera, por ejemplo, un lunes, suena el celular. Es el editor del diario, batalla para decir que se llevaron al reportero de la fuente policíaca, procura estar en contacto y reportar cualquier cosa, por mínima que sea, de esas que no están en el guión de la rutina.
La noticia causa desazón, tristeza, miedo, pero está prohibido ser pesimista, las cosas van a salir bien, después de todo, la relación del medio con las autoridades es buena. Recibir amenazas o una calentadita, pues, son cosas que pasan, tratar con políticos, funcionarios, policías, delincuentes, dirigentes sociales, caciques, empresarios, algunas veces implica darle la mano al diablo.
Al día siguiente se va al trabajo con la esperanza puesta en que habrá buenas nuevas. Hay programado un recorrido por las obras que realiza el gobierno estatal en un conflictivo cruce vial al oriente de la ciudad. A la cabeza del recorrido figura un funcionario en campaña, quiere ser alcalde. Al final del trayecto se le forma una larga barba de micrófonos y grabadoras, el funcionario habla y habla, tal es el avance, tal es el recurso gastado a la fecha, queda pendiente tanto, como en todo hay algunos problemillas que surgieron sobre el terreno.
Mientras el político habla y habla, comienzan a sonar los celulares de los reporteros. Son llamadas o mensajes de texto, el efecto, sin embargo, es el mismo. Los ojos se abren, las caras se alargan, algunos aspiran hondamente y al final uno de ellos, con una voz plana, lenta, le dice al funcionario: "Señor acaban de encontrar el cuerpo..." El comentario del político es rico en lugares grises, comunes: Es una tristeza, condenamos el hecho, investigación a fondo, solidaridad...
Luego, toca cubrir una manifestación afuera de un hospital, hablar con familiares de pacientes, grabar sus quejas y obtener la versión de la otra parte. A unos metros de la puerta de la clínica un voceador se acerca enfadado, en las últimas dos horas los clientes le han regresado más de veinte periódicos, los de seguridad no permiten meter los diarios a las instalaciones sanitarias, cosa harto mala para el negocio, más si pensamos a futuro, "mañana se va a vender todo, ¿no ve que ya encontraron al reportero?".
Ese día cualquiera es de hecho el lunes 25 de mayo de 2009. A Eliseo Barrón, reportero lagunero, lo sacaron de su casa, frente a su mujer y sus hijas. Ese día siguiente, el 26 de mayo, Eduardo Olmos encabezó un recorrido por las obras que se realizaban en el Nudo Mixteco de Torreón. El hospital es el de Especialidades número 71, en el bulevar Revolución.
Luego de 17 días las autoridades anunciaron la detención de cinco de los presuntos homicidas de Barrón, un hecho anómalo en la historia reciente de los asesinatos de profesionales de la información.
UN MAL CONSIDERABLE
El homicidio de Eliseo Barrón se convirtió en un referente a la hora de abordar el tema de la violencia contra medios y comunicadores. Abundan en la red enlaces que dan cuenta del hecho. También hay algunos en los que se informa de la formal prisión dictada en contra de los presuntos asesinos. Muchos menos, en realidad, prácticamente ninguno, contiene el resultado del proceso judicial. No hay tampoco nada sobre la orden de aprehensión pendiente de ejecutar contra el autor intelectual del crimen.
Las autoridades de procuración de justicia propician la falta de resultados en las investigaciones de agresiones a medios y reporteros. Si bien las indagatorias se inician de forma casi inmediata, al disminuir la presión social -las protestas callejeras, los reclamos desde la trinchera informativa-, los agentes del Ministerio Público se relajan, esto significa que dilatan su obligación de practicar las diligencias pertinentes, prolongan injustificadamente el tiempo de la integración del caso, o bien cierran los expedientes sin agotar todas las líneas de investigación. Los agentes investigadores se las arreglan de algún modo para hacer mal su chamba, una irregularidad frecuente de los expedientes son las declaraciones iniciales proporcionadas por los testigos o incluso por los probables responsables, casi siempre están incompletas. Además, los servidores públicos de los tres niveles de gobierno no han contribuido a crear las condiciones adecuadas para garantizar el ejercicio de la profesión periodística.
Comentarios así vienen contenidos en la recomendación general número 17, Sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente, fechada el 19 de agosto de 2009 y dirigida a los gobernadores de los estados y al Procurador General de la República por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un sexenio después, parece válido dudar si la CNDH emitió una recomendación o un manual.
Hace un par de años, luego de revisar 145 casos entre homicidios, desapariciones y ataques a medios de comunicación, como los ocurridos contra El Siglo de Torreón, en el período de enero de 2000 a julio de 2013, la Comisión concluyó que existía una ausencia de resultados para esclarecer los hechos.
Los datos obtenidos por la CNDH fueron: En 27 casos (19 por ciento) las procuradurías federal y estatales reportaron haber consignado las averiguaciones previas correspondientes; en solo 14 casos (diez por ciento) el juez de la causa dictó sentencia condenatoria; en dos se sobreseyó (suspensión del proceso) la causa penal. En 118 casos no hubo consignación y en 11 no había sentencia.
Así, la Comisión dictaminó que existía un considerable 89 por ciento como índice de impunidad.
En su recomendación general número 20, Sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante, presentada en agosto de 2013, el organismo defensor de las garantías individuales recogió una denuncia de organismos no gubernamentales del país: cualquier análisis reciente sobre las violaciones a la libertad de expresión de los periodistas debe partir del hecho de que existe un subregistro de casos relacionados con la autocensura que periodistas y medios han adoptado como medida de protección.
IN CRESCENDO
La autocensura, sin embargo, no es para todos, eso lo muestran los datos de la organización Article 19. En dos décadas (1994-2014) en la suave patria hubo 82 bajas de periodistas. En el sexenio de Felipe Calderón fueron asesinados 59 y una decena se desvaneció, mientras que, con Enrique Peña Nieto fueron nueve los comunicadores muertos y cuatro los desaparecidos entre 2013 y 2014.
El año pasado, la oenegé tomó nota de 326 agresiones contra periodistas, cuatro menos que en 2013, en este último ejercicio México fue, como en 2009, puesto al nivel de Irak en materia de riesgo para la libertad de expresión.
En el sexenio de Calderón se documentaron mil 092 agresiones, 182 al año; en los primeros 24 meses de la vuelta del priismo al poder se registraron 656 ataques, 330 en 2013 y 326 en 2014. En el primer semestre de 2015, según el reporte Más violencia, más silencio, se documentaron 227 agresiones contra la prensa, al año en curso le faltaban apenas 99 casos para empatar la marca de 2014.
Si 2014 había sido malo para la libertad de prensa en México, el promedio de agresiones pasó de una cada 48 horas con Calderón a una cada 26.7 horas con Peña Nieto; este 2015 amenaza con poner la marca en un punto muy alto -tan sólo en la jornada electoral del pasado 7 de junio Article 19 registró 27 agresiones contra periodistas-, toda vez que la lista se sigue engrosando con nombres como el del fotógrafo Rubén Espinosa Becerril, asesinado el 2 de agosto en el Distrito Federal.
Que las cifras de agresiones vayan en aumento -el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los primeros dos años de gobierno de EPN- es todavía más preocupante si se toma en cuenta que en territorio mexicano los horrores se superponen, uno tras otro, en una escalera descendente, en la que cualquiera puede acabar tres metros por debajo del nivel vital.
"Hoy la democracia mexicana agoniza de la mano del periodismo libre", afirmó Darío Ramírez, director de Article 19 Oficina para México y Centroamérica, en el informe Estado de censura publicado en marzo de este año.
Con Felipe Calderón, los estados de Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal, Chihuahua y Tamaulipas ocuparon, en ese orden, los primeros cinco lugares en cuanto a número de ataques contra la prensa. En el gobierno de Peña Nieto el mapa de agresiones cambió y los primeros cinco lugares son Distrito Federal, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca.
El gobierno mexicano, dicen en Article 19, posee todas las herramientas deseables para hacer el trabajo de garantizar la libertad de expresión, mas carece de voluntad, no impulsa el cambio que permita remover el tizne de uno de los sitios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
LOS AGRESORES
Veracruz reúne buena parte de los factores y de los predadores que hacen del periodismo, en el ecosistema mexicano, un oficio de antílopes.
La entidad costeña fue objeto, distinción que comparte con Guerrero, de un estudio realizado por Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) para medir cuestiones como las presiones que reciben los informadores locales para censurar contenidos, la situación profesional y la seguridad laboral.
Se preguntó a informadores locales qué tan frecuente es la cobertura de eventos marcados con etiquetas como 'crimen', 'corrupción', 'hechos violentos', y la frecuencia en materia de agresiones a profesionales de los medios. El riesgo promedio obtenido fue de nivel medio, rozando el nivel alto.
Sin embargo, Veracruz se ha convertido en el estado más peligroso para el ejercicio del periodismo. En el análisis se destaca la variedad de las agresiones registradas: homicidios, secuestros, golpizas, amenazas, ataques a instalaciones o a viviendas de periodistas y ataques digitales.
La variedad de grupos hostiles a la libertad de expresión en Veracruz incluye:
Funcionarios: servidores públicos de todos los niveles de gobierno, del Congreso del Estado, de la Comisión Estatal de Atención a Periodistas, de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Policías: La Preventiva Estatal, la policía naval (grupo mixto de estatales y elementos de la Marina), las policías municipales.
Dueños y directivos de empresas de medios, grupos campesinos asociados al PRI, grupos magisteriales, Petróleos Mexicanos, el sindicato de TAMSA (empresa dedicada a la fabricación de tubos para la industria energética), la Administración del Puerto de Veracruz y el crimen organizado.
Preguntarse qué hace la Comisión Estatal de Atención a Periodistas en la lista de agresores sirve para responder que dicho órgano muestra la curiosa y mexicana manera de salvaguardar a un grupo en riesgo. La comisión, aseguraron informadores veracruzanos, es utilizada para cooptar periodistas mediante la entrega de beneficios económicos, dinero, vivienda.
También mencionaron la posibilidad de que las agresiones y amenazas resueltas por esa oficina sean una "pantalla" para mejorar la imagen del gobierno veracruzano, actos simulados convenidos con periodistas cercanos a funcionarios de la administración de Javier Duarte, pequeños atropellos reparados con suma facilidad.
CONSIGNACIONES DE A MILLÓN
México ha levantado un sistema de protección que incluye una ley, un mecanismo, una fiscalía y un programa para prevenir los daños a los informadores. Es un sistema ideal. Sin embargo, las autoridades no han conseguido adornar sus creaciones con buenos resultados.
"¿Qué hacer en caso de agresiones a la libertad de expresión?", preguntan en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Y en la misma Fiscalía responden: Si usted ha sido agredido o amenazado con motivo del ejercicio de la libertad de expresión, comuníquese inmediatamente a la Feadle para realizar una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación.
"Si está en riesgo su vida, no dude en manifestarlo para que se pongan en marcha las medidas cautelares de protección y auxilio y, en su caso, se traslade al lugar en donde se encuentre", se lee en el instructivo de uso.
Los desconfiados pueden pensar que la Feadle carece de recursos para cumplir con lo que promete, y hasta hace unos años esto parecía cierto. Su presupuesto en 2010 fue de apenas 695 mil 419 pesos, al año siguiente le hicieron un pequeño recorte y quedó en 636 mil 740 pesos. En 2012 dio un salto cuantitativo de consideración y pasó a costar tres millones pesos.
En 2013, la Federación, Congreso mediante, abrió la llave y le dieron 38 millones 084 mil 788 pesos; en 2014 el chorro fue un tanto mayor, 39 millones 013 mil 777 pesos. Este año, sin embargo, se cortó parte del flujo y la cifra resultante fue de 28 millones 891 mil 583 pesos.
Si bien la mayor parte de los recursos de esta oficina se concentra en el pago de sueldos (en 2015 los servicios personales tienen etiquetado el 51 por ciento del recurso y en los dos años previos absorbían más del 60 por ciento del presupuesto), la escasez de logros radica en otra parte. El periodista Rogelio Hernández, autor de Sólo para periodistas. Manual de supervivencia en los medios mexicanos, ha hecho una presentación ilustrativa a este respecto.
En el período 2012-2015, explica Hernández López, la Feadle recibió 80 millones 098 mil 565 pesos para hacer su trabajo, en ese lapso promovió 47 consignaciones de presuntos culpables de agresiones contra informadores. Cada consignación tuvo un costo promedio de un millón 704 mil 224.7 pesos.
Un informe estadístico en línea de la Fiscalía indica que de enero de 2010 a enero de 2015 inició mil 188 procedimientos de distinto tipo, declaró incompetencias en 345 casos y decidió el no ejercicio de la acción penal en 45 casos.
En el mismo período inició 652 averiguaciones previas y logró 73 consignaciones de presuntos perpetradores. El índice resultante de las consignaciones entre las averiguaciones previas es de un 11.19 por ciento de efectividad.
Sin embargo, la fiscalía no transparenta cuántos imputados fueron convertidos en culpables por los jueces, ni los alcances de las sentencias que fueron dictadas.
Rogelio Hernández considera que existen suficientes elementos para afirmar que los gobiernos y las procuradurías estatales no investigan los agravios denunciados, se muestran poco dispuestos a ayudar a la Feadle, e incluso se convierten en un obstáculo a sortear por la fiscalía.
Entre el 14 de mayo de 2013 y el 31 de enero, la Feadle pudo atraer un buen número de los agravios registrados, pero sólo le cedieron una treintena de expedientes. El caso de Veracruz es revelador. En esa entidad la Feadle había contado 16 homicidios, cuatro desapariciones y 62 averiguaciones previas, solamente le soltaron dos casos.
El autor del manual de protección tiene claro que sin el apoyo político de la presidencia de la república, la fiscalía difícilmente podrá vencer la resistencia de los estados.
LA REGLA
La Feadle, creada en 2006, y el Mecanismo de Protección defensores de derechos humanos y periodistas, creado en 2012, si bien son avances positivos, no han estado a la altura de las necesidades existentes, en especial debido a la pesada burocracia, esa es la opinión de Reporteros sin Fronteras.
En julio pasado esta organización le envió a Peña Nieto una carta en la que recuperó un par de citas del presidente, como aquella en la que manifestó un “compromiso absoluto con la libertad de expresión y el derecho de información de los mexicanos”.
RSF contrastó las palabras del mandatario con la realidad imperante en materia de ataques a comunicadores, hechos recurrentes que convierten a México en "el país más mortífero de América para los periodistas” y lo ubican en el lugar 148, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de Prensa difundida en febrero de este año.
"La impunidad es la regla en México", sentencian en RSF y enseguida el dedo de la desaprobación señala hacia la colusión entre el crimen organizado y ciertas autoridades del país, hacia políticos como el gobernador de Veracruz que manifiestan en público su animadversión hacia los periodistas e incluso les achacan nexos con bandas criminales.
Lo que sigue es un paquete básico de propuestas para revertir la regla del nulo castigo, cosas como reforzar a la Feadle, reformar el sistema judicial mexicano con medidas antimpunidad y estar atento a las entidades más peligrosas para los profesionales de la información.
Motivar a los gobiernos para que mejoren las condiciones que ofrecen a los periodistas es complicado. Por esta razón RSF comenzó a estudiar la correlación entre la libertad de informar y el desarrollo de una nación.
Una de las conclusiones de este ejercicio fue que países como China, Malasia y México son la prueba de que "ciertos países pueden ofrecer estabilidad a los inversores y, al mismo tiempo, tener un desempeño execrable en materia de libertad de información".
AL FONDO DE LA HONRADEZ
La impunidad tiene una aliada que hace de México una tierra de oportunidades nocivas. El Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional (TI), pinta a la sociedad mexicana con altos niveles de corrupción, le otorga 35 puntos de 100 posibles en una escala que va de cero (percepción de altos niveles de corrupción) a la centena (percepción de bajos niveles de corrupción).
La suave patria ocupó la posición 103 entre 175 países evaluados. Dinamarca fue el más listo de la clase con 92 puntos; Corea del Norte y Somalia obtuvieron la etiqueta de los percibidos como más corruptos.
TI ubicó a México junto a Bolivia, Moldavia y Níger, es decir, muy por debajo de sus principales socios y competidores en la región: 82 lugares por debajo de Chile, a 34 posiciones de Brasil y a 39 de Estados Unidos. Además, fue el peor evaluado entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La nota positiva del informe fue que la nación mexicana escaló un punto respecto a la evaluación de 2013. La mejora, empero, fue debidamente matizada por TI: México no registró un avance significativo en el índice.
Los altos niveles de corrupción, el escaso castigo a los criminales, la colusión entre delincuencia y autoridades, la burocracia costosa y poco dada a obtener resultados, la hostilidad de los poderosos, todos esos factores que contribuyen a hacer de México un ecosistema favorable para los predadores de periodistas, son también los elementos que dotan al periodismo de sus cualidades más benéficas y hacen de su ejercicio algo sumamente necesario, cuando no irresistible.
OFICIOS DE ALTO RIESGO
Pertenecer al bando de las autoridades tampoco es garantía de salvaguarda. En julio de este año, la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), informó que en la última década se habían cometido 73 asesinatos de alcaldes en el país.
Los estados más peligrosos para llevar las riendas de un gobierno local son Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, tres de esos estados figuran en las listas de las demarcaciones más peligrosas para los profesionales de la información en los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
Los alcaldes, según la AALMAC, son víctimas constantes de las actividades de la delincuencia organizada por las vías de la intimidación y las medidas de presión, el “coopelas o cuello”, como lo demuestran los asesinatos, no sólo de autoridades, también de candidatos a puestos de elección popular, es algo más que sólo un dicho.
La asociación lleva más de un año y medio diseñando un protocolo de seguridad para que los ediles puedan activar alertas de riesgo tempranas con la certeza de que obtendrán la protección y el respaldo de la Federación.
Otra batalla desigual es la que sostienen los profesionales del derecho. Los miembros de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) hacen continuos llamados a las autoridades para que cesen los asesinatos de litigantes. El 28 de julio pasado, legistas de la Concaam colocaron una corona fúnebre a las puertas del Palacio de Gobierno en Morelos, exigieron justicia en los casos de 14 homicidios de litigantes registrados en la entidad.
Menos de tres semanas antes, juristas de Mexicali, Baja California, habían demandado resolver los homicidios de tres colegas ocurridos entre el 20 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2015.
En marzo pasado, estudiantes de derecho se manifestaron en Chihuahua. Exigieron al gobierno de César Duarte esclarecer los homicidios de más de 50 abogados y pasantes de derecho. También pedían la creación de una fiscalía especial para investigar los asesinatos.
En agosto de 2014 la Concaam condenó enérgicamente los homicidios de abogados que se han venido presentando en el territorio mexicano, acusaron que muchas de las investigaciones emprendidas por las fiscalías del país habían quedado en el olvido y sin castigo para los responsables. También plantearon la necesidad de crear un órgano especializado en homicidios y desapariciones de litigantes.
¿QUIÉN QUIERE SER PERIODISTA?
Investigar asuntos de corrupción, cubrir las protestas sociales o los actos delictivos tiende a convertirse en un sinónimo de jugarse el pellejo. Esto no es cosa nueva, basta con echarle un ojo a la novela negra del siglo pasado.
La publicidad oficial es, además de la principal fuente de ingresos de muchos medios, un mecanismo de presión diseñado para sujetar la línea editorial, cuando el tono es afable, la censura se expresa, más o menos, en los siguientes términos: Hay que bajarle a la información en contra del gobierno, ya comenzaron a protestar. Por un tiempecito hay que medirle el agua a los camotes.
De lo contrario, la llave se cierra y uno acaba completando el gasto conduciendo un taxi o dando clases o entregado a la elaboración de tortas de jamón y aguacate, entre otras honestas ocupaciones.
Ser periodista implica muchas veces padecer una precaria condición laboral, sentirse abandonado por los jefes y las empresas, recibir bajos salarios, vivir en la incertidumbre laboral, renunciar al goce de prestaciones, quedarse sin seguridad social...
No hace falta un gran y escrutador ojo para convencerse de que el enemigo vive en casa, con redacciones infiltradas por periodistas que en realidad son empleados del poder, o bien, los directivos y dueños emparentados con las autoridades o los políticos y empresarios de medios que hacen política con sus titulares, con su sección de chismes, con sus pactos para impedir la difusión de manchas al historial de una administración gubernamental.
A pesar de los obstáculos -algunos de ellos insalvables como una ronda de balas a corta distancia- a los que se enfrentan los profesionales de la información, siempre habrá alguien dispuesto a acometer la empresa de contar una historia, una verdad documentada, nítida, específica.
LA BANDA
A los dieciséis años, Arturo Pérez Reverte, ese honrado mercenario, recibió el encargo para hacer la primera entrevista de su vida. Debía entrevistar a un alcalde sobre unos restos arqueológicos destruidos. Novato, como era, confesó que tenía miedo de meter la pata. La respuesta de su jefe fue: "¿Miedo?... Mira, zagal. Cuando lleves un bloc y un bolígrafo en la mano, quien debe tenerte miedo es el alcalde a ti".
En la serie británica The Hour (BBC, 2011) hay un diálogo de esos que son una breve, pero contundente, declaración de principios. Un comandante de policía aborda a dos periodistas que investigan la desaparición de una chica. Los comunicadores ven en la mujer un elemento clave para develar una trama de mafiosos, trata de personas, y otros delicados asuntos de índole criminal. El comandante les da un consejo: sería mejor dejar ese asunto en manos de la policía. El inquisitivo Freddie Lyon, interpretado por Ben Whishaw, replica simplemente: "¿Mejor para quién?".
La respuesta de Lyon es un ejemplo del tipo de preguntas que marcan el rumbo de un periodista hacia la cumbre o hacia la tumba.
Un periodista en México difícilmente infunde temor. Para los más incisivos del gremio se reservan cuotas de enfado, descalificaciones, amenazas, o se recurre a un par de policías, a un par de delincuentes o a un par de policías-delincuentes. También está la solución definitiva. Maneras sobran, al igual que predadores. A pesar de los riegos, una vez alcanzado el grado resulta desagradable imaginarse en otro lado, en un grupo que no sea la banda de los que estorban.
