Defensores de derechos humanos reprocharon la ausencia de un protocolo gubernamental para atender a las víctimas del desplazamiento forzado interno a consecuencia del crimen organizado.
Durante un foro organizado por la CNDH, Brenda Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promisión de los Derechos Humanos, señaló que, de acuerdo con un análisis de reportes periodísticos, de 2011 a 2015 se han registrado 141 desplazamientos forzados internos masivos, que son cuando dejan sus hogares 10 o más familias.
"Desafortunadamente el Estado mexicano no ha reconocido de manera oficial el tema de desplazamiento interno, a pesar de que nosotros creemos que hay bastante evidencia", expuso durante el encuentro sobre el tema celebrado la semana pasada.
Recordó que, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Democrática, 6.4 por ciento de la población migrante del País cambio de lugar de residencia por la delincuencia, equivalente a 236 mil 800 personas.
También la última Encuesta Nacional de Victimización del Inegi señala que 1.3 por ciento de las personas manifestaron que algún miembro de su familia cambio de residencia por la violencia, equivalente a millón y medio de personas.
Para Luz María Salazar, profesora investigada del Colegio Mexiquense AC, los homicidios dolosos, secuestro y extorsión, así como violaciones a derechos humanos y a derechos patrimoniales, son los principales delitos que motivan el desplazamiento forzado interno.
Basada en sus investigaciones, dijo que los estados con mayor desplazados son Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, DF, Oaxaca y Chiapas.
