EDITORIAL
ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Lunes 6 de jul 2015, 7:41am ... Anterior 5 de 7 Siguiente ...

Rompecabezas Coahuila


Periférico

La trama financiera de Coahuila se puede contar en tres momentos: un enorme endeudamiento al inicio ilegal y al final injustificable; el presunto robo de recursos públicos, y el supuesto lavado de dinero sustraído del erario en el extranjero. En ella aparecen varios políticos y empresarios, algunos de ellos acusados, otros señalados y unos cuantos más partícipes en mayor o menor medida en una historia que lleva ya cuatro años bajo los reflectores. A la luz de lo publicado la semana pasada, vale la pena hacer un recuento de los hechos, los dichos, las mentiras, los supuestos, las omisiones y los personajes.

Durante el sexenio de Humberto Moreira y Jorge Torres la deuda de Coahuila se multiplicó 113 veces al pasar de 323.2 millones de pesos en 2005 a 36,509.6 millones en 2011. Este endeudamiento se dio en absoluta opacidad ya que, según información de la Auditoría Superior del Estado (ASE), inició en 2008 y tuvo su mayor incremento en 2010, cuando Moreira aún era gobernador en funciones, pero se registró en su totalidad hasta 2011. No obstante, la deuda era mayor, debido a los pasivos con proveedores y contratistas. Por eso, hoy Coahuila debe a los bancos 37,214.2 millones de pesos, a pesar de haber pagado entre 2012 y 2014 alrededor de 12,000 millones de pesos, la mayor parte en intereses.

La deuda fue legalizada por la LVIII Legislatura del Congreso de Coahuila a pesar de las irregularidades señaladas en su momento y por todos conocidas. Por lo menos dos créditos por 5,300 millones de pesos fueron contratados con documentos apócrifos y varios más por un monto de 18,009 millones, es decir, la mitad de la deuda total, fueron contratados sin autorización del Congreso. Debido a este desaseo, la cuenta pública de 2010 tuvo que ser manipulada y luego corregida, tal y como la ASE lo documentó.

Pero no sólo el origen de la deuda es opaco, también lo es su destino. En el análisis realizado a la cuenta pública presentada por el exgobernador Jorge Torres López y al reporte de Fitch Ratings emitido en noviembre de 2011, se pudo detectar que 18,348 millones de pesos de los recursos registrados por el Estado quedaron sin justificar. El actual gobierno de Coahuila no ha podido explicar a dónde fue a parar ese dinero porque, según la Secretaría de Finanzas, los documentos que podrían aclarar este punto fueron robados. También, la misma Secretaría ha reconocido que no es posible corroborar los servicios prestados por varios de los contratistas que trabajaron en el sexenio pasado y que aún son acreedores.

Aunque en diciembre de 2011 se llegó a hablar de hasta 13 personas investigadas por la Procuraduría General de la República, sólo cinco exfuncionarios fueron acusados formalmente en México: Javier Villarreal Hernández, extitular del SATEC; Sergio Fuentes Flores, exadministrador general; Miguel Ramón Rodríguez, extesorero; Jaime René Jiménez, exdirector de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, y Jorge López Alarcón, exjefe del Departamento por Honorarios de Hacienda. No obstante, en marzo de 2013, según información del procurador estatal Homero Ramos, la PGR se declaró incompetente para continuar con la investigación sobre la falsificación de documentos para contratar créditos. El caso pasó entonces a Coahuila, pero aquí las denuncias presentadas por la ASE y el PAN y las averiguaciones previas correspondientes fueron puestas bajo reserva.

La PGR llegó a mencionar que investigaba a otras ocho personas: Jesús Ochoa Galindo, secretario de Educación; Víctor Zamora, secretario de Gobierno; Carlos Mauricio Aguillón, exadministrador de Contabilidad e Impuestos; Alfredo Valdés, exabogado del SATEC; Enrique Ledezma, exsubadministrador de Políticas Financieras; Juan Manuel Froto, director del Fincoah; Juan Manuel Delgado, exempleado administrativo del SATEC y Fausto Destenave, exdirector de la CEAS.

Mientras que las investigaciones en Coahuila no han tenido resultados y se encuentran reservadas, en Texas avanzan y ofrecen datos reveladores sobre la línea central que siguen los fiscales federales de Estados Unidos. Éstos dicen contar con pruebas suficientes de que durante el sexenio de Humberto Moreira y Jorge Torres operó una red de corrupción para sustraer dinero de las arcas estatales y a través de una triangulación, que sería la compra de participaciones de medios electrónicos, lavarlo en Texas.

Sobre la hipótesis central, las autoridades federales cuentan con las confesiones del exfuncionario Javier Villarreal y los empresarios Rolando González Treviño y Guillermo Flores Cordero. El exgobernador Jorge Torres se encuentra en calidad de prófugo de la justicia estadounidense y se le han confiscado y/o congelado alrededor de 3.4 millones de dólares en cuentas y propiedades. En el caso de Villarreal, los bienes y cuentas confiscadas ascienden a 28.8 millones de dólares. La más reciente información publicada, sacada del acuerdo de culpabilidad de González Treviño, sugiere que de 2006 a 2011 hubo un saqueo del erario y el dinero producto de ese robo fue invertido en cuentas y bienes en Texas.

Aunque no ha sido acusado formalmente, las investigaciones y la confesión de González Treviño ponen a Humberto Moreira a la cabeza de una presunta red de corrupción con la que llegaron a robarse "cientos de millones de dólares". En dicha red figuran además: Lorenzo Schuessler, cuñado de Villarreal, quien habría manejado como prestanombres diversas compañías; Raúl González Treviño, empresario de medios, hermano de Rolando y exrepresentante del gobierno de Coahuila en San Antonio; Francisco Xavier Flores, sobrino de Humberto Moreira; Oswaldo Coronado, cuñado de Villarreal; Vicente Cháires, exsecretario particular de Humberto Moreira y propietario de medios electrónicos y bienes raíces, y Roberto González Treviño, otro empresario de comunicación con propiedades en Texas. Pero la confesión de Rolando González involucra a 17 personas que entre marzo y julio de 2009 integraban el gabinete estatal, varias de la cuales continúan siendo hoy funcionarios de primer nivel en el gobierno de Rubén Moreira.

Hay quienes se empeñan en decir que en el caso de la deuda de Coahuila ya se le ha dado vuelta a la página. Pero las preguntas sin respuestas siguen ahí, principalmente una: ¿a dónde fueron a parar los 18,348 millones de pesos no justificados? Las investigaciones y procesos en Estados Unidos apenas abarcan 550 millones de pesos, aproximadamente. Ahí están también los personajes de la trama, las acciones y omisiones de las autoridades mexicanas, los avances y confesiones en Estados Unidos. Vale la pena no perder de vista todas las piezas de este rompecabezas, de cara a las sentencias que serán dictadas en septiembre próximo a Javier Villarreal y Rolando González Treviño. Esto no se ha terminado.

@Artgonzaga

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