La resolución del Gobierno federal que precipitó el escándalo de la empresa Oceanografía, se vino abajo.
Un tribunal federal anuló en definitiva la inhabilitación a Oceanografía para recibir contratos públicos, así como una multa de 24 millones de pesos, impuestas en febrero de 2014 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como castigo por engañar a Pemex Exploración y Producción (PEP).
El amparo en favor de Oceanografía, notificado el 16 de junio, es liso y llano, es decir, invalida la sanción sin que la SFP pueda reponer el procedimiento.
La sanción de la SFP fue previa a la revelación de Citigroup de que su filial Banamex había sido víctima de un supuesto fraude de más de 400 millones de dólares, perpetrado por Oceanografía con base en ingresos inexistentes por contratos con PEP.
Tras la revelación de Citigroup, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró Oceanografía, cuya administración está desde entonces en manos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
El Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, confirmó el amparo otorgado en noviembre del año pasado por un juez de distrito, quien además de declarar ilegal la sanción de la Función Pública contra la empresa de Amado Yáñez, declaró inconstitucionales aspectos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente desde 2012.
La inhabilitación por 21 meses y 12 días, que aplicaría hasta noviembre de 2015, fue impuesta porque Oceanografía sustituyó las pólizas de fianza que había entregado a PEP para garantizar nueve contratos, por otras pólizas, insuficientes en 11.8 millones de dólares para cubrir al menos 10 por ciento del monto pactado.
"Los actos relacionados con la presentación de las pólizas de fianza se pueden considerar un incumplimiento contractual, pero no pueden ser considerados actos de simulación de requisitos establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal", afirmaron tanto el juez como el tribunal colegiado.
"Si bien pudo haber existido un incumplimiento a la cláusula, ello no implica que se hayan realizado actos de simulación para evadir requisitos o que se haya presentado información o documentación falsa, que es lo que persigue la norma sancionadora", agregaron.
Enfatizaron que, año con año, las fianzas debían cubrir "los montos pendientes por ejecutar" de cada contrato, y que Oceanografía conocía dichos pendientes y válidamente podía reemplazar las fianzas.
Mario Alvarado Domínguez, actual gerente de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en PEP, fue el funcionario que impuso la sanción.
Al impugnar la sentencia de primera instancia, la PGR ni siquiera se refirió a la resolución del juez que declaró inconstitucionales dos párrafos del artículo 27 de la Ley Anticorrupción, que señalan que las sanciones surtirán efectos de inmediato y no podrán ser suspendidas.
Dichos párrafos ya no podrán ser aplicados en el futuro a Oceanografía, empresa que está en proceso de reestructura para buscar su supervivencia.
La PGR además investiga la supuesta venta ilegal del equipo de futbol de los Gallos Blancos del Querétaro, que también era propiedad de Amado Yáñez.
