En su segundo día de evaluación ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, México fue cuestionado por la desaparición forzada y el impacto del crimen organizado en la infancia.
Los integrantes preguntaron qué estrategias tiene el Gobierno mexicano para prevenir, perseguir y sancionar casos de desaparición forzada de menores de edad.
Retomaron el caso Ayotzinapa, en torno al cual solicitaron información sobre el apoyo proporcionado a los hijos de los normalistas desaparecidos y asesinados.
En respuesta, la delegación mexicana reportó la desaparición de más de 3 mil menores en los últimos dos años, la mayoría niñas, de los cuales no se reveló quiénes serían víctimas de desaparición forzada.
Además, aceptó que, antes de 2013, el país no tenía la capacidad para combatir dicho delito.
El comité también expresó su preocupación por la violencia criminal en el país y su efecto en la niñez, para lo cual cuestionó si el Gobierno mexicano replanteará la estrategia de lucha contra el narcotráfico.
En respuesta, la delegación aseguró que ésta permanecerá como hasta ahora.
En cuanto a cifras, el Estado no presentó datos de niños huérfanos, reclutados o afectados por el crimen organizado.
En un mismo sentido, el comité preguntó si se cuenta con mecanismos de supervisión de cuerpos de seguridad cuando actúan contra menores de edad, a fin de evitar abusos.
Los representantes de México señalaron que existen protocolos de uso de la fuerza que contemplan mecanismos de protección de la niñez.
En una evaluación de tres horas, el comité criticó la falta de averiguaciones previas por trata de personas; el desconocimiento sobre la prevalencia del abuso sexual; el maltrato a niños víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero, y la falta de condenas por delitos sexuales.
