Al menos 70 jornaleros heridos por la Policía estatal de Baja California dejó el enfrentamiento de ayer en San Quintín, aseguró Fidel Sánchez Gabriel, vocero de los trabajadores.
En la gresca, acusó, la Policía disparó balas de goma y reales, lanzó gas lacrimógeno y golpeó no sólo a trabajadores, sino a niños, mujeres y personas de la tercera edad.
Hasta ahora, dijo, ninguna autoridad les ha dado una cifra certera de cuántos jornaleros están detenidos, y descartó que haya muertos.
Para Sánchez Gabriel, la represión que sufrieron ayer fue el cumplimiento de una amenaza del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda.
"El señor subsecretario de Gobernación lanza una amenaza directa cuando me dice: 'mira Fidel, yo voy a llegar el miércoles y no hay vuelta de hoja y si tú no lo aceptas llegará el día y la hora que nos vamos a ver cara a cara y entonces vas a saber quién soy yo'.
"El día de ayer, ante lo que sucedió, pensamos que esto es una parte del cumplimiento de la amenaza del subsecretario de Gobernación junto con el Gobierno de Baja California", acusó.
El representante rechazó la versión oficial que indica que la Policía respondió al llamado de un empresario que había denunciado que su rancho era atacado.
"Nosotros le decimos que si eso hubiera sido, las seguridad pública hubiera llegado a ese rancho, pero los cuerpos de seguridad entraron en una Colonia (Lomas de San Ramón), donde los jornaleros estaban a punto de salir, porque se había acordado ir a trabajar".
Héctor Yescas, líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, detalló que los enfrentamientos, además de en Lomas de San Ramón se dieron en San Quintín, San Juan Copala, en 13 de Mayo, Díaz Ordaz y Vicente Guerrero.
Pese a esta situación, Sánchez Gabriel dijo que están dispuestos a mantener el diálogo con las autoridades, por lo que esperarán a que se realice una reunión pactada para el miércoles con el subsecretario Miranda y el gobernador del estado, en San Quintín.
Para Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista, ayer fue una jornada de represión orquestada por la Policía estatal y promovida por los dueños de los ranchos.
Por ello, dijo que están listos para realizar cualquier movilización que los jornaleros les pidan.
Acusó también un conflicto de intereses en el Gobierno de Baja California, pues el secretario de Desarrollo Agropecuario es un agroexportador inmerso en el conflicto laboral.
