En San Quintín. Un grupo de personas destruye un auto de la policía durante un enfrentamiento.
Un enfrentamiento entre jornaleros de la comunidad triqui y elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California (SSP) dejaron un saldo de 70 heridos, entre ellos al menos seis graves, y fueron detenidas cinco personas.
Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer sábado, cuando jornaleros intentaron ingresar al campo agrícola Rancho Seco, donde cultivan jitomate, pero un grupo de trabajadores en paro pidieron que no lo hicieran, pues el próximo miércoles se reunirán con el secretario de Gobierno estatal, Luis Enrique Miranda, para tratar un aumento de por lo menos 15% en su salario.
Justino Herrera, uno de los voceros de los jornaleros en huelga, señaló que, al parecer, un mayordomo del rancho llamó a la PEP, cuyos elementos llegaron a la comunidad triqui en Lomas de San Ramón, localizada en la delegación Vicente Guerrero de Ensenada, cerca de las 05:00 horas. El también líder de la comunidad triqui aclaró que no hubo muertos, pero acusó a los policías de agredirlos.
Lo anterior debido a que, según el reporte de jornaleros, cuando llegaron los policías, los trabajadores corrieron a esconderse entre las calles o sus casas, hasta donde los uniformados ingresaron y los golpearon.
En la zona se observaban columnas de humo, de vehículos oficiales y parcelas quemadas, además de que los manifestantes utilizaron palos y piedras para repeler la acción policiaca, lo que contribuyó a la confusión, que generó que en redes sociales -principalmente- se difundiera que habían fallecido dos o tres jornaleros.
El gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, en tanto, hizo un llamado a los jornaleros a restablecer el orden y el diálogo con los gobiernos federal y estatal.
La administración estatal advirtió que no se permitirán actos que atenten contra la seguridad. En su reporte, la PEP informó que en la calle Lomas de San Ramón, en la colonia Vicente Guerrero, se encontraban varias personas que intentaba ingresar a la fuerza a un rancho con la intención de incendiar el lugar.
CNDH moviliza a visitadores
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que desplazó a San Quintín, Baja California, a un grupo de visitadores adjuntos de su oficina en Tijuana y a otros que se encontraban en Ensenada, para investigar los hechos que sean de su competencia, sobre los acontecimientos violentos ocurridos la mañana de ayer sábado.
Mediante un comunicado, el organismo indicó que ha solicitado al Gobierno del Estado que cualquier actuación de las autoridades sea llevada a cabo con total apego a derecho y respeto a los Derechos Humanos, además que se cumplan los protocolos de investigación.Refirió que desde el pasado mes de marzo, mantiene abierta una investigación por la probable violación a Derechos Humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, y Comondú, Baja California Sur.
Asimismo, señaló que el personal de esa Comisión Nacional ha buscado el contacto con las autoridades estatales y municipales, con el organismo local de defensa de Derechos Humanos, así como con los afectados, a efecto de conocer sus testimonios sobre detenciones y malos tratos de la Policía municipal.
Realizan más protestas
Autoridades estatales reportaron manifestaciones y disturbios en la colonia Vicente Guerrero y en el valle de San Quintín, que derivaron en detenciones de algunos inconformes y agresiones contra agentes policiales. Hicieron un llamado a los manifestantes a mantener el orden y reiteró su respeto a todo tipo de protestas públicas, pero enfatizó que no se permitirán actos que atenten contra la seguridad y el libre tránsito de las personas y sus bienes.
En un comunicado por parte de la autoridad, insistieron en que se continúe con el diálogo, con la búsqueda de acuerdos y consensos que permitan avanzar en la mejora de vida de todos los residentes de San Quintín.
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados deploró la violencia de la fuerza pública estatal que se desató contra jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California.
Por conducto de su coordinador, Miguel Alonso Raya, exigió la investigación de los hechos y que se desplomen responsabilidades de los actos represores, dirigidos contra un movimiento social iniciado el pasado 17 de marzo y que cuenta con el apoyo de las cámaras del Congreso.
