Los resultados de los comicios del estado de Veracruz mostraron que nuestro modelo de elecciones democráticas con mayoría simple está agotado. Esto es particularmente cierto para la selección de los puestos ejecutivos (Presidente, gobernadores y alcaldes), cuya legitimidad es demasiado endeble cuando no cuentan con la aprobación de por lo menos la mitad de los electores.
Ninguno de los tres candidatos a la gubernatura logró la mayoría absoluta, lo que dio pie a que adujeran irregularidades en el proceso electoral. Este tipo de problemas ocurren en las democracias donde proliferan los partidos políticos, ya que la probabilidad de que uno obtenga más de la mitad de los votos se reduce con el número de participantes.
Nuestra democracia no tiene aún el número de partidos que existe en otras naciones, lo que hace que todavía algunos estados, donde para todo fin práctico sólo existen dos fuerzas políticas, no enfrenten los problemas del multipartidismo. Pero esto no ocurre en todo el país, como lo demostró la elección en Veracruz. Esta puede ser un preámbulo de la contienda presidencial de 2006, donde los votos de los electores se dividirán entre los tres principales partidos políticos. El escenario se complicará más si Jorge Castañeda se convierte en un cuarto candidato.
La elección del Presidente de la República es muy importante como para dejar que llegue a ese puesto alguien con el mandato de apenas una tercera parte de los electores, por lo que es crucial que nuestros legisladores aprueben una reforma electoral que cuando el candidato con más votos no alcance por lo menos la mitad más uno, exista una segunda elección con los dos contendientes con mayor cantidad de votos.
El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, hizo un comentario en relación con los resultados electorales de Veracruz que, sin mencionar directamente la segunda vuelta, implícitamente se refiere a ella. Señaló que “escenarios como el que un candidato triunfador no cuenta ni con el 40 por ciento en la votación general, nos obliga a revisar el modelo que hoy tenemos de carácter electoral para darle enorme viabilidad a futuro y esta es una enorme responsabilidad que le compete al Legislativo”.
La segunda vuelta electoral se practica en muchos otros países donde proliferan los partidos políticos, como es el caso de Francia, cuya experiencia deja lecciones muy importantes. Las encuestas de opinión quince días antes de la elección francesa del 21 de abril de 2002 colocaban al presidente Chirac con un 20 por ciento de las preferencias y al entonces primer ministro Jospin con otro 20 por ciento, mientras que en un lejano tercer lugar, con menos del 15 por ciento, aparecía el extremista de derecha Jean-Marie Le Pen. En esa elección existieron, además, otros trece candidatos a la presidencia, lo que muestra la fragmentación política que existe en ese país.
Chirac encabezó la elección de abril con sólo el 19.9 por ciento de los votos, apenas 3 puntos porcentuales por encima del segundo lugar, que obtuvo sorpresivamente Le Pen. La segunda ronda, el 5 de mayo de 2002, permitió que los franceses tuvieran tiempo para meditar bastante bien su selección una vez que las alternativas se redujeron a solo dos personas. Esta es una de las grandes ventajas de contar con un sistema electoral que obligue a una segunda elección cuando el ganador no logra la mitad más un voto en la primera vuelta.
El triunfo de Chirac el 5 de mayo, con cerca del 82 por ciento de los votos en relación con el 18 por ciento de Jean-Marie Le Pen, mostró claramente el repudio de la mayoría de los franceses a las políticas racistas de la extrema derecha, lo que no se observó en la primera votación.
El ejemplo de Francia ilustra la importancia que para México puede tener la segunda vuelta, ya que esta es crucial para que podamos meditar las consecuencias de que en una primera elección resultase electo por minoría un populista mesiánico, como Andrés López. En una segunda vuelta, este por lo menos tendría que contar con la aprobación de más de la mitad de los electores para ocupar ese puesto. Debemos estar conscientes, sin embargo, que ello no significa que quien gane tendrá un programa económico adecuado, que lo podrá poner en práctica con un congreso dividido, y que además tendrá éxito. La segunda vuelta da legitimidad en la democracia, pero no es garantía de una mejoría económica.
Las reformas económicas deben ser sensatas, pero necesitan además que el partido en el poder cuente con una mayoría en el Congreso para ponerlas en práctica, o por lo menos tenga la habilidad política para convencer a los partidos de oposición sobre la bondad de sus propuestas. En esto las experiencias de Francia y de México vuelven a ser muy aleccionadoras.
Chirac no pudo hacer reformas económicas y presidió una economía paralizada en su primer período presidencial porque durante cinco años tuvo que cohabitar con el primer ministro Leonel Jospin, del Partido Socialista que controlaba el Parlamento. La derrota de los socialistas en la primera vuelta y la victoria presidencial de Chirac en la segunda elección permitió que su partido lograra el control del parlamento en las elecciones legislativas de junio de 2002, dándole a su gobierno la primera oportunidad clara para impulsar diversas reformas.
En México el gobierno de Fox se ha caracterizado por su incompetencia y por la parálisis legislativa con un Congreso dividido. Si, en contraste con Francia, el partido que gane la presidencia en las elecciones de 2006 no alcanzara una mayoría absoluta en el Congreso, la aplicación de reformas económicas seguirá siendo muy difícil. No obstante, si ningún candidato presidencial alcanza la mayoría absoluta, los mexicanos debemos tener, por lo menos, la misma opción que tuvieron los franceses de meditar la selección de su Presidente en una segunda vuelta electoral.
