Dudas. El gobierno de Coahuila tendrá que aclarar el destino de varios millones de pesos.
De la revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que recibió Coahuila en 2013 y que suman 213.4 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió 18 observaciones. De estas, 14 fueron solventadas por el gobierno antes de la integración del informe de la cuenta pública y cuatro estaban pendientes de resolución.
Esas observaciones suman "un probable daño a la hacienda pública federal por 70 millones 858 mil 100 pesos".
Este monto considera los 62.6 millones de pesos no justificados de la cuenta que abrió el gobierno en Ficrea, otros 7.4 millones por la compra de materiales y equipo de seguridad pública --como armamento y municiones--, que al 31 de diciembre de 2014 estaban pendientes de entrega por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
También están pendientes de justificación 286 mil 445 pesos por obras del Centro de Operación Estratégica de Saltillo, y otros 414 mil 882 pesos por trabajos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C-3) del municipio de Ramos Arizpe.
Estas observaciones, explica la ASF, se deben a "inobservancias de la normativa, principalmente en materia de obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental".
De acuerdo con el informe de la ASF, al 31 de diciembre de 2014 Coahuila no había ejercido 74.9 % de los recursos transferidos por el FASP, "lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional".
La ASF advierte que el estado no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
También hubo incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, "ya que aun cuando la entidad proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, la información no se presentó con la calidad y congruencia requerida", se apunta.
Además, dice, tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad a conocer sus debilidades y áreas de mejora.
La conclusión de la ASF es que el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas.
Por eso, consideró que Coahuila tuvo un "bajo control" sobre los 213.4 millones de pesos que recibió del gobierno federal por concepto del FASP.
No obstante, advierte que el gobierno del estado instruyó las acciones necesarias para que se implementen los mecanismos que permitan realizar una gestión eficaz del fondo, con el fin de asegurar el cumplimiento de metas, con énfasis en mantener e incrementar el estado de fuerza de la Policía del Estado y con objeto de atender los índices delictivos, "con lo que se solventa lo observado".
Cuesta 1,810 mdp consignar a un funcionario corrupto
Son muchos los funcionarios acusados de irregularidades, pero pocos los castigados.
En 14 años de revisión de cuentas públicas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado 444 denuncias de hechos, que sólo han derivado en siete consignados.
Si se toma en cuenta que la ASF recibió en ese período 12 mil 670 millones de pesos, consignar a cada uno de los siete costó mil 810 millones de pesos del dinero de todos los mexicanos.
Del total de denuncias realizadas de las cuentas públicas de 1998 a 2012, el organismo señala que 421 están en trámite de revisión, 8 están bajo reserva y otras 8 sin ejercicio de acción penal.
De los siete consignados, tres corresponden a las revisiones de las cuentas públicas de 1998, 2008 y 2010, mientras que cuatro son de 2009.
"Claramente el número de consignados es una cifra muy baja", opinó Alejandro González, director genera de Gestión Social e integrante del consejo asesor de la Red por la Rendición de Cuentas.
"Refleja los retos del sistema de rendición de cuentas que está quebrado, donde la identificación de desvíos de recursos no lleva a un castigo", agregó.
MILLONES
Estaban destinados para equipo policiaco.
