Piden justicia. El asesinato del fiscal Nisman despertó la indignación de la sociedad en Argentina.
El fiscal federal que heredó la denuncia de su fallecido colega Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández resolvió ayer viernes que existen sospechas fundadas e impulsó la investigación, lo que el gobierno atribuyó a un intento de "desestabilización".
La medida fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien a lo largo de su carrera judicial de más de una década no le ha temblado el pulso para investigar a dirigentes poderosos de la política argentina.
En un "requerimiento de instrucción", Pollicita dijo que "corresponde introducirse en el análisis de la posible relevancia jurídico penal de los hechos denunciados por el fiscal general Dr. Alberto Nisman, cuya investigación se promueve mediante este acto procesal".
La resolución del fiscal significó un nuevo impacto sobre la figura de la presidenta, justo a punto de cumplirse un mes de la misteriosa muerte del fiscal, que formuló la denuncia más grave en su contra y a pocos días de una marcha convocada por distintas organizaciones sociales para pedir por el esclarecimiento del caso Nisman, que se espera sea multitudinaria.
Pollicita agregó que como parte de la investigación se dispondrán una serie de "diligencias probatorias" que permitirán "alcanzar un grado de conocimiento suficiente para comprobar o descartar la efectiva concurrencia de los extremos fácticos y dogmáticos", denunciados por Nisman.
A diferencia de su colega fallecido, Pollicita no solicitó que se tome declaración indagatoria a la mandataria ni a su canciller Héctor Timerman, acusados de encubrir la presunta responsabilidad de un grupo de iraníes sindicados de un atentado terrorista en contra de un centro comunitario judío.
Pero el fiscal ratificó ayer viernes varias de las medidas solicitadas por Nisman anteriormente y pidió otras nuevas, que no se han dado a conocer por considerarse secreto de sumario.
Ahora, es el juez federal Daniel Rafecas quien deberá analizar la solicitud de Pollicita y evaluar cuáles serán los siguientes pasos en el proceso penal. El magistrado adelantó el regreso de sus vacaciones para el miércoles 18 de febrero.
Rafecas puede impulsar o desechar algunos de los pedidos del fiscal. También debe resolver si la instrucción la lleva adelante él o la delega en Pollicita.
La presidenta no opinó hasta ahora sobre la medida del fiscal y se trasladó a su casa de descanso en El Calafate, en la Patagonia. Sin embargo, altos funcionarios la calificaron como una maniobra de desestabilización y de golpismo judicial.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, afirmó más temprano ante periodistas que la imputación contra la mandataria "es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática... no tiene ningún valor jurídico. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver", sostuvo.
