Las dependencias y entidades del Gobierno federal cada vez licitan menos y contratan más mediante adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, lo que genera espacios propicios para la corrupción.
Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de enero a julio del año pasado, de 201 mil 695 millones de pesos gastados, 46.6 por ciento se ejerció mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas y 53.4 por ciento a través de licitaciones.
Estos porcentajes toman en cuenta los montos ejercidos y no el número de procedimientos llevados a cabo.
Expertos señalan que las cifras evidencian que las dependencias y entidades no están cumpliendo con la ley.
Y es que la Ley Federal de Obras Públicas establece que el monto total de las adjudicaciones e invitaciones no puede superar el 30 por ciento de los recursos presupuestados de cada año.
Entre las dependencias que más privilegian la asignación directa, está el DIF, que de enero a julio de 2014, de un total de mil 605 millones de pesos, ejerció el 73.8 por ciento mediante invitación restringida.
