Como parte del concurso mercantil con plan de reestructuración que solicitó la empresa Desarrolladora Homex, un juez federal dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.
En la sentencia del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa se reconocen a 12 mil 295 acreedores, por un importe total de 192 mil 423 millones 456 mil 546 pesos.
De acuerdo con el comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, las empresas que en su conjunto integran el Grupo Homex, y que forman parte de la sentencia son:
Desarrolladora Homex, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable; Administradora Picsa, Sociedad Anónima de Capital Variable; Aerohomex, Sociedad Anónima de Capital Variable; Casas Beta del Centro, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Casas Beta del Noroeste, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Casas Beta del Norte, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
Además de CT Loreto, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Desarrolladora de Casas del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable; Homex Amuéblate, Sociedad Anónima de Capital Variable; Homex Global, Sociedad Anónima de Capital Variable; Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, Sociedad Anónima de Capital Variable y Altos Mandos de Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable.
"El órgano jurisdiccional establece que conforme a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley de Concursos Mercantiles no se realizará pago a acreedores de un grado sin quedar saldados los del grado anterior, según la prelación establecida para ellos", se informó.
En el mes de mayo de 2014, la desarrolladora de vivienda Homex informó que presentó su solicitud de concurso mercantil con una propuesta de plan de reestructura previo ante los juzgados de distrito con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Un mes después, el juez admitió a trámite la solicitud conjunta del concurso mercantil del Grupo Homex y ordenó la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos de la sociedad por parte de autoridades fiscales.
