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Capturan a presunto jefe de las FARC

El Siglo

Martínez es acusado de haber asesinado a tres indigenistas encontrados muertos al otro lado del río internacional Arauca el pasado 3 de marzo.

30 de agosto 2004.

Bogotá, (EFE).- Uno de los presuntos jefes de la guerrilla de las FARC, acusado del asesinato de tres indigenistas estadounidenses y de al menos 69 muertes más, fue capturado en el nordeste de Colombia, informaron hoy portavoces militares.

El detenido es Jorge Eliécer Martínez, considerado como el líder del frente 56 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y quien, según fuentes militares, afronta al menos 72 casos de asesinato y numerosos de secuestro.

Martínez, conocido con el alias de "Jerónimo Aljure", fue capturado en las "últimas horas" en la zona rural de Maní, una localidad a unos 300 kilómetros al este de la capital colombiana, en el departamento del Casanare.

La fuente militar explicó que Martínez cayó en manos de tropas de un batallón de infantería que realizaban la llamada "Operación Alacrán".

La redada se lanzó tras el secuestro y asesinato, el viernes pasado y en la misma región, del alcalde de Chámeza, Luis Alberto Zorro, crimen que las autoridades atribuyeron al frente liderado por "Jerónimo Aljure".

Según el Ejército, Martínez está implicado en la retención y muerte de los indigenistas estadounidenses Terence Freitas, Lahenaee Gay e Ingrid Washinawatok.

Los extranjeros fueron hechos cautivos el 25 de febrero de 1999 en una región de la frontera nordeste con Venezuela, cuando regresaban de una visita la comunidad indígena U'wa.

El secuestro se atribuyó a rebeldes de las FARC, que trasladaron a los estadounidenses al otro lado del río internacional Arauca, donde soldados venezolanos los hallaron muertos el 3 de marzo de ese año.

Las autoridades militares dijeron que tratan de establecer si Martínez forma parte del grupo de rebeldes procesados en Estados Unidos por este triple crimen.

Entre ellos se encuentran Germán Briceño Suárez (alias "Grannobles"), hermano del jefe militar de las FARC, Jorge Briceño ("Mono Jojoy"); y Gustavo Bocota Aguablanca ("Tibisú").

Entre los acusados estaba Nelson Vargas Rueda ("El Marrano"), que fue extraditado el 28 de mayo de 2003 por petición de una corte de Miami, que le devolvió a comienzos de julio al no encontrar pruebas que le implicaran en el secuestro y muerte de los indígenas.

Además de ese caso y del reciente del alcalde de Chámeza, el jefe insurgente está acusado por un cruento asalto a un cuartel militar del sureño departamento del Caquetá que dejó 60 soldados muertos, advirtió la ANE.

La misma fuente añadió que Martínez también está acusado de la muerte de otros nueve efectivos militares en el Casanare y la región vecina del Meta, al igual que de decenas de secuestros cometidos en esos departamentos en los últimos cuatro años.

Las autoridades colombianas acusan al jefe guerrillero de la campaña de ataques terroristas contra las infraestructuras del petróleo y la electricidad en el nordeste de Colombia, particularmente en el Arauca, donde mantiene operaciones la multinacional estadounidense Occidental Petroleum (OXY).

Martínez fue llevado a Yopal, la capital del Casanare, desde donde será trasladado hacia Bogotá, dijeron las fuentes.

Aceptan negociar

El principal grupo guerrillero colombiano aceptó negociar con el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, el intercambio de políticos y uniformados en su poder por rebeldes presos, pero exigió que las conversaciones se realicen "cara a cara" en una zona desmilitarizada y no por Internet como sugirió el Gobierno.

"Que se sienten los voceros nuestros y los representantes del gobierno cara a cara, así sea el Alto Comisionado el que va a rubricar el acuerdo, y para eso lo que se necesita es la zona que nosotros llamamos de seguridad y otros la llaman desmilitarizada", dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, en una entrevista divulgada el domingo por la noche por Noticias Uno de televisión.

El ministro del Interior, Sabas Pretelt, afirmó el lunes que "es un avance que entiendan (las FARC) que el gobierno siempre ha tenido un vocero que ha estado en disponibilidad de avanzar en el acuerdo humanitario con unas condiciones mínimas.

Sin embargo, Pretelt precisó que el Gobierno tiene que estudiar si es posible un encuentro personal entre los negociadores rebeldes y el comisionado. "Habría que ver cómo se da y dónde", sostuvo el ministro en una entrevista con Radio Caracol, pero advirtió que la insistencia de la guerrilla en la creación de una zona desmilitarizada es un tropiezo.

El gobierno del presidente Álvaro Uribe propuso hace dos semanas la excarcelación inmediata de 50 guerrilleros, a cambio de la liberación por parte de las FARC de una veintena de dirigentes políticos secuestrados, una treintena de uniformados y tres contratistas civiles estadounidenses.

No obstante, se limitó la excarcelación de los guerrilleros a aquellos estén procesados por rebelión, lo que implica alzarse en armas contra el Estado. Además, se aclaró que no deben regresar a las filas de las FARC una vez queden libres.

Esto excluirá del intercambio a importantes líderes rebeldes presos como el ex negociador "Simón Trinidad" y la encargada de finanzas del narcotráfico de la guerrilla en el suroriente del país, Nayibe Rojas, alias "Sonia".

Las FARC respondieron a esa propuesta oficial afirmando que era "absurda" por todos las condiciones impuestas y exigieron que el Gobierno nombrara a su negociador para el "canje".

Reyes, miembro del Secretariado de las FARC, reiteró en la última entrevista que la guerrilla desea negociar un acuerdo sin condiciones.

"Es un acuerdo incondicional donde nosotros le entregamos al gobierno los suyos y ellos volverán al ejército o los mandos militares; los policías a su institución, los políticos al ejercicio de la política, etc., y los nuestros volverán a sus tareas comunes y corrientes", recordó.

El portavoz de las FARC indicó que la creación de zonas desmilitarizadas se requiere para "que se puedan encontrar los representantes del gobierno con los voceros nuestros". Pero el ministro del Interior aclaró que esas zonas son para procesos de paz en firme.

Juan Carlos Lecompte, esposo de Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial en poder de la guerrilla, celebró que las partes estén superando sus diferencias.

"Este es el avance más grande que he visto desde que Ingrid fue secuestrada", dijo Lecompte.

En principio, el gobierno exigía que el intercambio humanitario se hiciera en el marco de un proceso de paz, pero levantó esa condición.

También demandaba la liberación de todos los secuestrados en poder de las FARC, incluidos los retenidos por fines extorsivos. Ahora está dispuesto a negociar la liberación sólo de los políticos, uniformados y los tres estadounidenses.


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