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MÉXICO, DF.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó las suspensiones que le otorgaron dos ministros al ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, para que cesen las funciones del concejo municipal.
La Corte precisó en su resolución, punto por punto, las instrucciones que debieron haber acatadas, desde hace un par de meses, tanto por el gobernador Joaquín Hendricks, como por el Congreso local y el concejo municipal, al ordenar que las instalaciones del municipio le sean restituidas al ayuntamiento que encabeza Juan Ignacio García Zalvidea, para que pueda ejercer plenamente todas sus funciones de gobierno.
Los ministros de la SCJN dejaron en claro que las suspensiones estarán vigentes hasta que resuelva en forma definitiva la controversia constitucional 67/2004, la cual promovió el municipio de Benito Juárez.
De manera unánime, los diez ministros que actualmente integran el pleno declararon infundados los recursos de reclamación que promovieron el gobernador Joaquín Hendricks, el Congreso local e incluso la Presidencia de la República, con el fin de anular las suspensiones que otorgaron los ministros Olga Sánchez Cordero y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
En la sesión pública de hoy, el pleno de la SCJN no sólo buscó ratificar las suspensiones, sino también acabar con las especulaciones y las malas interpretaciones que hicieron distintas autoridades de Quintana Roo de las decisiones de Sánchez Cordero y Aguirre Anguiano, emitidas el 18 de junio y 23 de julio pasados, respectivamente.
Después de la sesión pública en la que se resolvieron los recursos de reclamación, el pleno de la SCJN difundió un comunicado de prensa en el que precisó que los efectos para los cuales se concedió la suspensión son para que el ayuntamiento de Benito Juárez sea restituido en sus funciones de gobierno, así como para que el Concejo Municipal, creado mediante el Decreto 120, cese en sus funciones y entregue al ayuntamiento las instalaciones de la presidencia municipal.
Todo esto porque los ministros ordenaron que “no debe ejecutarse el Decreto 120, por virtud del cual se creó un concejo municipal para el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, hasta que se resuelva el fondo de la controversia”.
De ahí que en las suspensiones también se estableció que “los recursos económicos federales y estatales que por ley le corresponden al municipio de Benito Juárez deben ser entregados al ayuntamiento de dicho municipio y no al concejo municipal creado por virtud del Decreto 120”.
En el comunicado, el pleno de la SCJN destacó que las suspensiones estarán vigentes “hasta el momento en que la Suprema Corte resuelva en definitiva la controversia constitucional promovida por el citado ayuntamiento”.
Pero también se detalló que las suspensiones “de ninguna manera prejuzgan sobre el fondo del asunto, es decir, respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos impugnados en el juicio, lo cual será objeto única y exclusivamente de la sentencia definitiva”.
