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Dan a 2 exfuncionarios de Calderón multas millonarias

Indebido. A los dos exfuncioarios se les acusa de obtener beneficios económicos en el desempeño de su cargo.

Indebido. A los dos exfuncioarios se les acusa de obtener beneficios económicos en el desempeño de su cargo.

AGENCIA REFORMA

Enrique Gómez García y Rodrigo Esparza Cristerna, quienes dirigieron el órgano de prisiones federales durante la administración pasada, fueron inhabilitados por 20 años y sancionados con multas de 63.6 y 11.9 millones de pesos, respectivamente.

Acusados de obtener beneficios económicos indebidos en el desempeño de sus cargos, son hasta el momento los dos funcionarios de más alto nivel de la administración de Felipe Calderón sancionados en el actual sexenio.

Esparza Cristerna, además de ser titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de noviembre de 2007 a noviembre de 2008, fue comisionado de la Policía Federal y titular de la Unidad de Información y Análisis de la SSP, todo ello bajo el mando de Genaro García Luna.

En tanto que Gómez García, de extracción militar, fue titular de las prisiones federales de diciembre de 2008 a julio del año pasado.

En el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se estableció que la causa por la que fueron castigados es por abuso de autoridad, y de acuerdo con fuentes de la dependencia, dicha conducta consistió en que se aprovecharon de su cargo para obtener un beneficio económico, causando con ello un daño al erario.

 DAN OTRAS SANCIONES PARA CORDINADOR

La SFP también le impuso sanciones a Julio Lomelí Vázquez, excoordinador general de Centros de Readaptación Social, por 21.8 millones de pesos; Gonzalo Villarreal Guerra, quien también ocupó el mismo puesto, por 63.9 millones de pesos, así como a Arturo Sosa Viderique, exdirector general de Administración, por 80.4 millones de pesos.

 NO PODRÁN TRABAJAR POR 20 AÑOS EN EL GOBIERNO

Además fueron inhabilitados por 20 años, por lo que no podrán desempeñar durante ese tiempo ningún cargo o comisión dentro de la administración pública federal.

En la administración pasada, el órgano de prisiones federales tuvo bajo su responsabilidad cuantiosos recursos debido a que se construyeron ocho nuevos penales bajo el esquema de contratación de prestación de servicios con capitales públicos y privados.

Esto hizo que la población carcelaria creciera de 2 mil 476 internos que se tenían en diciembre de 2006, a 24 mil 492 a diciembre de 2012, con el consiguiente aumento en los recursos para su manutención.

Las irregularidades administrativas cometidas en el OADPRS el sexenio pasado han sido reportadas por la Auditoría Superior de la Federación, que realizó 11 auditorías en 2009, 2011 y 2012, de las que se desprendieron 16 promociones de responsabilidades y una denuncia penal ante la PGR por la inexistencia de documentación que avale un gasto 146.4 millones de pesos en 2012.

 SE VIOLÓ LA NORMATIVIDAD

"La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, Prevención y Readaptación Social no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe", indica la ASF en las conclusiones de una de las revisiones.

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