El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes anunció que al menos 500 internos de todos los penales del estado de Michoacán, podrían ser trasladados a centros penitenciarios de carácter federal.
En conferencia de prensa improvisada en el marco de la apertura del XX Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Junior Sub-18 y Sub-20, el funcionario dijo que además solicitará a la federación el aumento de custodios para resguardar los penales estatales, ante "el aumento sustancial de personas detenidas y procesadas recientemente por delitos ligados en mayor o menor medida al crimen organizado y delitos del fuero común.
Refirió entonces que a raíz de la implementación del Plan de Seguridad para Michoacán en marzo pasado, se han consignado y puesto a disposición de las autoridades a tres mil 802 personas consignadas, por lo que próximamente se necesitarán más penales.
Sin embargo apuntó que las detenciones no refleja necesariamente un aumento en el número de delitos, y reviró que "más bien hay un repunte en las denuncias presentadas sobre hechos delictivos acontecidos años atrás, debido a que hay más confianza en la instancia de procuración de justicia".
"Antes la gente no presentaba una denuncia de extorsión porque el sólo hecho de presentar la denuncia implicaba que podría existir alguna represalia y si se presentaba la denuncia no iba a ser atendida", dijo.
Sin embargo, dijo que los avances -que no especifico- en materia de seguridad son positivos y que la muestra de ello es el interés creciente de empresarios que buscan invertir no sólo en Morelia sino en Michoacán.
"Es un falso dilema decir que la violencia ha aumentado y creo que el mejor parámetro es la gente en las calles, los restaurantes que hoy están llenos y eventos como el que hoy nos ocupa", asevero.
Castillo Cervantes argumento que en todo "y si es que lo hubiera, puede que sea a consecuencia de los golpes asestados al crimen organizado y sus estructuras y que hoy recurren a otro tipo de actividades ilícitas", luego del decomiso de las 17 mil toneladas de mineral y 10 mil toneladas de productos forestales, "que representan un fuerte golpe a su estructura financiera".
"No estamos en una situación de violencia y tampoco se ha incrementado", indicó.
