Jurisprudencia. Los ministros aprobarán jurisprudencia forzosa a nivel federal para los temas de delincuencia organizada .
Los estados no pueden legislar en materia de delincuencia organizada ya que es un tema reservado para el Congreso federal, aclaró la Suprema Corte de Justicia.
Por unanimidad, el pleno de la Corte declaró la invalidez de una porción del Código Procesal Penal de Nuevo León, reformado en 2013, que ordena prisión preventiva forzosa para los acusados por delincuencia organizada.
"La delincuencia organizada es materia exclusiva de la Federación y no puede ser afectada ni incidida por la legislación que emitan las entidades federativas", afirmó el Ministro Alfredo Gutiérrez.
Arturo Zaldívar, autor del proyecto de sentencia, había propuesto el jueves pasado resolver que los estados sí tenían ciertas facultades en esta materia, derivada de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Pero la mayoría de Ministros rechazó esta idea, por lo que Zaldívar presentó cambios al proyecto.
"La (competencia) de la materia de delincuencia organizada es eminentemente federal y no deja lugar a distribución de competencias al ámbito local, ni competencias residuales, la Ley contra la Delincuencia Organizada es una ley federal y no una ley general, independientemente de lo que la propia ley pretenda regular", señaló José Ramón Cossío.
El propio Congreso de Nuevo León admitió ante la Corte, durante el trámite del juicio, que el término "delincuencia organizada" fue incluido por un error, ya que solo querían referirse a la agrupación delictuosa, una modalidad que tiene implicaciones mucho menos serias.
La Corte ya había sostenido criterios aislados en el sentido de que la reforma Constitucional en materia penal de junio de 2008 federalizó por completo el tema de delincuencia organizada, pero a raíz de este caso, el Pleno aprobará jurisprudencia forzosa.
La Corte discutirá esta semana otros temas relevantes como la restricción de comunicaciones de acusados o condenados con terceros, salvo su defensor, la prisión preventiva forzosa por delitos no previstos en el artículo 19 de la Constitución, entre otros.
