El partido Movimiento Ciudadano promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de Inconstitucionalidad en contra de las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) en materia de tiempos de radio y televisión para los partidos.
La Legipe suprimió los programas de cinco minutos para los partidos, mismos que serán divididos en mensajes de 30 segundos, lo que de acuerdo al líder de Movimiento, Dante Delgado, eliminará la discusión y argumentación, "en beneficio de la spotización".
Las reformas "están hechas para legitimar que las campañas electorales se conviertan en telenovelas, vender imágenes y figuras para evitar una discusión razonada, que informe a los ciudadanos y les dé más y mejores elementos para participar y decidir.
"En lugar de que la ciudadanía pueda observar y contrastar las plataformas electorales de los partidos y candidatos para contar con un voto razonado, sólo tiene acceso a producciones que ofenden su inteligencia y banalizan la deliberación pública" estableció el dirigente.
El partido Movimiento Ciudadano también se inconformó por otros dos elementos de las nuevas leyes electorales: las reglas para contabilizar el voto obtenido por los partidos coaligados, pues ahora este sufragio contará como un solo voto al candidato y no se asignará a ningún partido ni será tomado en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas a que tienen derecho.
También promovió la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la regulación de las candidaturas independientes.
En este punto el MC cuestionó el establecimiento de una "regulación excesiva y perversa que las vuelve prácticamente inviables" pues les impone más requisitos para obtener el registro que a un partido, pero con "casi veinte veces menos recursos y tiempo aire a los candidatos independientes.
Por todo ello el dirigente dijo que desde el 2007 "la partidocracia" ha generado reformas que sólo le benefician pero limitan la participación ciudadana y tienden a excluir a los ciudadanos de la toma de decisiones.
