Un Tribunal Unitario confirmó la condena de un año y la inhabilitación para poderse desempeñar como presidenta y tesorera del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, en contra de Graciela Juárez Montes y Aideé Verónica Corona García, respectivamente.
La confirmación del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito se efectuó luego del desacato a una sentencia de amparo, y en cumplimiento a la resolución por la inejecución de la misma emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por los mismos delitos, el Tribunal también emitió la misma resolución en contra de Alonso Landeros Tejeida y José Jaime Sixtos de Jesús, quienes fungieron como Presidente y Tesorero del mismo Municipio, de 2009 a 2012, respectivamente.
En el curso del proceso penal se confirmó que los exfuncionarios buscaron en todo momento evadir el cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que ha sido considerado por el Pleno del Alto Tribunal como una conducta que debe ser sancionada.
La resolución del Tribunal se efectuó luego de resolver un amparo promovido por los ex funcionarios dentro de la causa penal 71/2014, en la que se inconformaron por la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Querétaro, el pasado 4 de marzo, dentro de la causa penal 48/2013-I, en incumplimiento de la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en la misma entidad.
Al resolver el caso, el Tribunal determinó que los afectados son responsables del delito de desacato a una sentencia amparatoria, por no cumplir dentro del plazo legal establecido con la devolución de 326 mil 587.85 pesos a una persona moral, a la que se le amparó para que le fuera regresada esa cantidad, luego de habérsele cobrado en su perjuicio el Derecho por Servicio de Alumbrado Público.
El caso se remonta al pasado 17 de abril de 2012, cuando el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro resolvió el juicio de amparo 299/2012-2, y ordenó al entonces Tesorero Municipal, José Jaime Sixtos de Jesús, su devolución en un plazo no mayor a 24 horas.
Al no cumplir con la resolución, el juzgado requirió al entonces Presidente Municipal, Alonso Landeros Tejeida, como autoridad vinculada al cumplimiento, misma que hizo caso omiso. Ante la conducta renuente y contumaz de las autoridades responsables, el 31 de julio de 2012, el Juzgado Segundo de Distrito en dicho Estado remitió los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en turno para que resolviera lo que en derecho precediera respecto a la inejecución de sentencia.
El caso fue turnado al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. El 20 de febrero de 2013 remitió dicho incidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedando registrado con el número 394/2013 y resolviéndolo fundado el 13 de agosto de 2013.
