Reticencias de operadores jurídicos frente a un marco constitucional avanzado e interpretaciones distintas sobre el contenido y alcance del artículo primero constitucional, son dos de los obstáculos que enfrenta la reforma en Derechos Humanos.
Así lo advierte el "Diagnóstico sobre la implementación de la reforma constitucional de 2011. Evaluación a tres años de entrada en vigor", elaborado por los tres Poderes de la Unión y presentado el miércoles por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
"Debemos tener en cuenta los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no discriminación. Y es aquí, justamente, donde se encuentra uno de los obstáculos más fuertes de la implementación", señala.
"Pues la conjugación de estos principios, como base de la actuación de cualquier autoridad, es algo que en nuestros días sólo realiza, no sin obstáculos, y a veces con interpretaciones controvertidas, el Poder Judicial Federal", indica el análisis.
El documento desglosa en 164 páginas los objetivos, metas, avances, obstáculos, retos y hasta "temas pendientes" del Ejecutivo, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación, ante esta reforma que modificó once artículos en materia de Derechos Humanos.