El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM) en la Cámara de Diputados busca sancionar con multas de hasta cinco mil días de salario mínimo y reducciones en los recursos a las escuelas privadas o públicas que no instalen bebederos con suministro de agua potable.
De acuerdo con la iniciativa del diputado, Ricardo Astudillo, turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, busca que en México el consumo de refrescos per cápita es de 163 litros al año, lo que coloca al país en uno de los principales consumidores en el mundo, incluso por encima de Estados Unidos.
"El costo de una botella de agua potable en México puede ser igual e incluso mayor que el de una botella de refresco, por lo que para los habitantes de localidades a las que no llega el agua potable resulta más razonable en términos económicos hidratarse con un refresco que con agua simple, situación que resulta inaceptable y que requiere la oportuna intervención del Estado", detalló el legislador Verde.
La propuesta plantea adicionar el artículo 75 de la Ley General de Educación para establecer como infracción de los prestadores de servicios educativos, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares.
Sugiere una sanción de hasta cinco mil días de salario mínimo, o bien, "la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente".
Para el caso de las escuelas públicas que no cumplan con la instalación de bebederos en sus planteles, a pesar de haber sido beneficiadas con la asignación de presupuesto para tal efecto, sugiere adicionar un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa para que la Secretaría de Educación Pública pueda determinar reducciones en la ministración de recursos a dicho plantel, de manera que se incentive el correcto ejercicio de los presupuestos asignados.
Indicó que se han realizado modificaciones a la Ley General de Infraestructura Física Educativa que representan un avance significativo en el combate de la obesidad y el sobrepeso, no obstante, dijo, es necesario establecer sanciones que permitan cumplir cabalmente con el espíritu de la reforma y se garantice la existencia de bebederos suficientes, con suministro de agua potable en cada escuela, sin importar si es pública o privada.
