Señalan que la prevención y erradicación de la violencia escolar es una obligación del Estado. (Archivo)
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, rechazó la “lógica punitiva” en las acciones para atender la violencia escolar en distintas entidades y algunas zonas de la Ciudad de México.
Durante su participación el acto nombrado “Prevenir y erradicar la violencia escolar desde un enfoque de derechos humanos” insistió en la importancia de evitar “una perspectiva punitiva, centrada en castigos y sanciones de todo tipo, incluidas las penales”.
En la sede del organismo en la Ciudad de México, destacó que esa problemática necesita atención integral, porque es un fenómeno multifactorial, por lo que “resaltamos la necesidad de adelantar análisis completos sobre las causas y efectos”.
La ombudsperson resaltó que en particular se deben considerar en esos análisis los entornos escolares, las particularidades del contexto social externo, “la presencia de agentes diversos que puedan incidir directa o indirectamente en este tipo de conductas”.
Gómez Gallardo señaló que la prevención y erradicación de la violencia escolar es una obligación del Estado, que debe asegurar la garantía y protección de los menores, su derecho a la educación y a una vida libre de violencia.
Al indicar que el fenómeno se experimenta de manera diferenciada de acuerdo con diversos factores sociales, sostuvo que las soluciones deben ser de igual manera diferenciadas para que sean eficaces.
Refirió que de enero de 2012 a abril de 2014, la CDHDF registró 23 quejas derivadas de actos de violencia escolar, donde se hizo referencia a 51 personas con calidad de presuntas víctimas.
“El grupo poblacional mayormente afectado son las mujeres, con 64.4 por ciento de los agravios y el rango de edad promedio de las presuntas víctimas oscila entre cero y los 11 años de edad”, detalló.
Las quejas, dijo, se relacionan principalmente por la obstaculización o negativa para la protección de la integridad física o psicológica de los menores, la negativa a investigar cuando se denuncia, y omisión para prestar auxilio cuando ocurre violencia en las escuelas.
“Las principales modalidades de violencia que se detectan en las quejas son las burlas, humillaciones, castigos, amenazas y agresiones que ponen en riesgo la integridad física de las y los estudiantes”, abundó.
En este sentido, llamó a un diálogo público sobre violencia escolar y derechos humanos, donde participen distintas instancias de gobierno de todos los niveles, la academia, organismos de derechos humanos y la sociedad civil, y se establezcan mecanismos de participación de los menores.
Subrayó que la CDHDF realizará un estudio integral con enfoque en derechos humanos, “en donde se incluirá un apartado específico de medidas integrales” que ayuden a los tomadores decisiones a la efectiva prevención y erradicación del fenómeno.
Además, diseñarán una campaña de comunicación social dirigida a las familias, docentes, directivos y administrativos de las escuelas, y servidores públicos, para promover la comprensión y atención de la violencia escolar.
