La Fiscalía Especializada para la Investigación y Combate al Delito de Secuestro de la PGJE, obtuvo de un Juez de Primera instancia, el auto de formal prisión contra cinco integrantes de una banda de secuestradores que privaron de la libertad a un familiar de un diputado local.
En un comunicado el gobierno estatal informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizó con éxito un operativo táctico de inteligencia, que derivó en la captura de integrantes del grupo delictivo y el rescate de una víctima de secuestro quien presuntamente es sobrino del legislador local.
Informó que basándose en las investigaciones efectuadas por el Grupo Táctico Antisecuestros de la PGJE y en las evidencias, testimoniales y declaraciones que fueron recabadas por el órgano investigador, se sustentó el ejercicio de la acción penal.
Por ello se obtuvo el auto de formal prisión en contra de los componentes del grupo delictivo denominado Banda del Comandante Rubén, integrada por: Rubén López Luna, Rodrigo Armando Gómez López, Alfredo Martínez Delgadillo, Israel Vergara Barrientos y Rogelio Pacheco Leyva.
Los inculpados declararon ante la representación social, que participaron en al menos 13 secuestros más, dos de ellos cometidos en el Estado de México, por lo que se realizan acciones, para que las víctimas de la entidad identifiquen a los responsables y, de ser el caso, ampliar el ejercicio de acción penal en su contra.
Cabe señalar que al momento de rendir declaración preparatoria ante el órgano jurisdiccional, uno de ellos confesó que sus cómplices tenían secuestrada a la víctima en la casa de seguridad ubicada en la colonia Mozimba, situación que robustece las imputaciones que realizó el Ministerio Público.
Asimismo, en dicho operativo ocurrido el pasado 28 de mayo, en la citada colonia, uno de los delincuentes enfrentó con disparos de arma de fuego al personal policial de la Fiscalía Antisecuestros, y cayó abatido, el sospechosos fue identificado como Ulises Corcuera Domínguez.
Los probables responsables se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de las Cruces, y podrían alcanzar penas de hasta 80 años de prisión cada uno.
