El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cabildeó y dispuso de un grupo de dirigentes y abogados para hacer prevalecer un "conjunto de vicios" mediante el lobbying en los Congresos estatales, a fin de modificar la propuesta de ley del presidente Enrique Peña Nieto, con los cuales el magisterio buscó que los privilegios sindicales permanecieran en siete estados, que actualmente enfrentan una controversia constitucional.
En Sonora, Michoacán, Chiapas, Baja California, Zacatecas, Baja California Sur y Morelos, el SNTE aprovechó la presencia de sus dirigentes o bancada en los Congresos locales, por lo que al momento de armonizar las leyes de educación, conforme a la aprobada en el Congreso de la Unión, pudieron realizar modificaciones a la propuesta, incluso, de los gobiernos estatales.
El primer bloque de estados que recibieron la notificación del proceso de controversia fueron Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas. Siguieron Baja California, Zacatecas, Baja California Sur y Morelos. Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a las denuncias y se notificó a cada estado, los gobiernos y Congresos locales cuentan con 30 días para responder al proceso iniciado por la Presidencia.
El primer bloque de estados tiene hasta la segunda semana de junio para contestar la demanda o presentar argumentos sobre las modificaciones y adhesiones.
