La Fiscalía General de la República (FGR) imputó ante un juez federal a Patricia Gómez Ramírez, Mauricio Cerón Solana y experitos del organismo, por presuntamente haber alterado y perdido evidencias de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. (ARCHIVO)
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó ante un juez federal a Patricia Gómez Ramírez, Mauricio Cerón Solana y experitos del organismo, por presuntamente haber alterado y perdido evidencias de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según el diario Reforma, esta es la primera ocasión que la FGR lleva ante tribunales el supuesto extravío de evidencias en el Caso Iguala, ya que anteriormente se había limitado a imputar a funcionarios por la alteración de las mismas.
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Criticaron que le 'tiemble la mano' para enjuiciar a los militares que participaronEn una audiencia ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, la semana pasada fiscales federales formularon la imputación contra los forenses por dos delitos contra la administración de la justicia.
Uno por la alteración del lugar de los hechos y pérdida de indicios relacionados con un hecho delictivo, y otro por obstaculizar la investigación del hecho delictuoso.
Son dos hechos supuestamente ilícitos que la Fiscalía General de la República atribuye a Cerón y Gómez.
En el primero, la Fiscalía señala que el 25 de octubre de 2014 los peritos acataron la “orden ilícita” de Tomás Zerón de Lucio, el prófugo exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de alterar la zona del Río San Juan en la que tres días después se hallaron bolsas de plástico con restos de los normalistas.
La autoridad ministerial afirma que la búsqueda de hallazgos de los peritos fue ilegal porque “no había justificación legal alguna” ni mandamiento para llevarla a cabo, además de que no siguieron las reglas mínimas de procedimiento.
Esto último, porque supuestamente removieron sedimentos y lodo hasta localizar una bolsa negra de la que extrajeron al menos un resto óseo, que luego Cerón y Ramírez perdieron, “desconociéndose hasta la fecha su paradero, ya que nunca fue procesado ni analizado conforme al método científico para determinar su naturaleza u origen”.
El segundo hecho deriva de la diligencia del 28 de octubre de 2014, en la que se hallaron los restos humanos y se acusa de ilegal porque en ella la AIC trasladó al sicario Agustín García Reyes “El Chereje” sin la presencia de su abogado.
De acuerdo con la FGR, los dos peritos nunca rindieron un informe o dictamen alguno que avalara material y jurídicamente sus actividades en el lugar de los hechos, obstaculizando la investigación del hecho delictivo, porque ocultaron la diligencia.
La parte acusadora, de hecho, considera como un acto continuo del delito la conferencia de prensa que Zerón rindió el 27 de abril de 2016, en la cual estaba presente Cerón y, asegura, “avaló hechos falsos”.
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Organizaciones civiles y especialistas se quejaron sobre las revelacionesEn esa conferencia, Zerón defendió la legalidad de la diligencia en la que llevó a “El Chereje”, argumentando que fue un acto de investigación policial previo a la diligencia ministerial.
El juez de control determinará hoy si vincula o no a proceso a los dos forenses por delitos contra la administración de la justicia, que no tienen prevista la prisión preventiva de oficio.
