A partir de esta reforma las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes. (ARCHIVO)
Con 118 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing y prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo, en lo que consideraron es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido durante meses entre los legisladores, el Gobierno federal y el sector empresarial.
A partir de esta reforma las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el outsourcing solo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir que no formen parte de las labores esenciales y permanentes.
Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el Gobierno federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado. Se propone la prohibición de la subcontratación de personal y quienes intervengan en el proceso de contratación bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias, que no tendrán la calidad de patrones y solo podrán participar en los procesos de reclutamiento.
"Solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con la obligación de que el contratista esté registrado ante la Secretaría de Trabajo, en el padrón constituido para tal efecto", dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado al argumentar a favor de las reformas. "La reforma tiene la finalidad de robustecer el empleo, la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de los trabajadores, permitiendo atender las necesidades de las empresas para que estas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios".
La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) dijo que para el sector público la aprobación del presente dictamen contribuirá a fortalecer las finanzas públicas, porque las empresas se verán obligadas a pagar impuestos y la seguridad social de sus trabajadores; para el sector privado, se traducirá en certidumbre jurídica, que les permitirá mantener la subcontratación.
