Los sucesos del martes en tres centros penitenciarios han conmocionado al país. (ARCHIVO)
Ecuador trata de entender la matanza desatada el martes dentro de cuatro de sus prisiones, mientras las autoridades judiciales siguen las pesquisas para descifrar lo ocurrido sin descartar, según expertos, que los hechos puedan estar solapados con el narcotráfico.
Mientras, decenas de familiares de los ya 79 muertos se concentraron desde la mañana de ayer ante la prisión de Guayaquil y la morgue de la ciudad para pedir los restos de los reclusos que murieron en la secuencia de enfrentamientos, los peores en la historia penitenciaria del país.
LA PEOR MASACRE
A las puertas del centro penitenciario y la morgue de la ciudad portuaria donde tuvo lugar la principal masacre, 37 muertos en dos dependencias, estaban aglomeradas más de cien personas desde la mañana para obtener cualquier información acerca de los suyos.
Los sucesos del martes en tres centros penitenciarios han conmocionado al país que, aunque conocía de motines en el pasado, nunca imaginó un baño de sangre de ese alcance.
Los enfrentamientos se sucedieron uno tras otro en dos dependencias de un centro de Guayaquil, el de Turi en Cuenca, y el de Cotopaxi en Latacunga, sin que los carceleros pudieran hacer nada para impedirlo.
NARCOTRÁFICO Y CARCELEROS
Los enfrentamientos del martes fueron coordinados al mismo tiempo en cuatro focos distintos, organizados, según creen las autoridades, por dos bandas que, aparentemente, se disputan el control de las prisiones y del mercado delictivo.
"La una son los Choneros, brazo armado del Cártel de Sinaloa, y el otro son los Lagartos, que estarían operando con el Cártel Jalisco Nueva Generación", explicó Arturo Torres, investigador criminológico y autor de libros como "El juego del camaleón" y "Rehenes".
"Es una disputa del mercado delictivo y del narcotráfico que excede las fronteras del país", agregó sobre los principales grupos, aunque, dijo, hay otras bandas menores.
En 2020, la Policía ecuatoriana capturó 130 toneladas de cocaína, una cifra récord en el país, que solía incautarse de promedio de unas 90 anuales.
Frente a esa capacidad organizativa y delictiva, un servicio penitenciario que ha caído en la dejadez de sucesivos gobiernos.
"Hay un déficit de guías penitenciarios del 70 % pues actualmente hay cerca de 1,500, cuando se requieren al menos 7,000", explicó Ricardo Camacho, subsecretario del Ministerio de Justicia y encargado de los centros carcelarios entre 2017 y 2018.
