La UIF, a cargo de Santiago Nieto (foto), informó que interpuso un recurso para revisar la decisión del juzgado. (ARCHIVO)
Un juez federal descongeló por tiempo indefinido las cuentas de Libre Abordo, una de las dos empresas mexicanas que fueron sancionadas por Estados Unidos, tras descubrirse que habían negociado la reventa de petróleo venezolano con el régimen de Nicolás Maduro.
Víctor Octavio Luna Escobedo, juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus activos, al considerar que esta medida precautoria no cumple con los requisitos legales.
El juez estimó que el bloqueo de las cuentas no está acompañado de una solicitud de una autoridad internacional reconocida por los tratados, excepción que establece la Suprema Corte para los congelamientos, informaron fuentes judiciales.
El 18 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU sancionó a Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, así como a otras 11 personas físicas o morales, con el bloqueo de cualquier bien en ese país y la prohibición para hacer negocios con ellas.
De acuerdo con el organismo del Departamento del Tesoro, las empresas y personas incluidas en esta "lista negra" pactaron revender 30 millones de barriles de petróleo venezolano, a cambio de surtirle a ese país 210 mil toneladas de maíz y mil camiones cisterna.
VAN CONTRA DESBLOQUEO
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, informó que interpuso un recurso para revisar la decisión del juzgado que otorgó la suspensión definitiva para desbloquear las cuentas bancarias de la empresa "Libre Abordo".
La UIF explicó que demostró al juzgado que tomó esa medida por una solicitud de asistencia, cooperación y colaboración internacional, recibida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Además, la empresa relacionada con operaciones en el sector petrolero venezolano está en el listado que emite la UIF de personas bloqueadas.
Afirmó que se actuó en respuesta a diversos compromisos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como en cumplimiento a las recomendaciones 4, 38 y 40 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
