La fiscal capitalina resaltó que hubo ausencia de diligencias periciales, necesarias para valorar pruebas presentadas.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) revivió la indagatoria contra el expresidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de trata de personas por una red de prostitución cuando era dirigente del instituto político, pero exonerado en la pasada administración.
La fiscal Ernestina Godoy dijo que ampliarán la investigación al encontrar omisiones en las diligencias pasadas, pues desacreditaron a las tres víctimas.
Este viernes, en un mensaje en redes sociales, Godoy informó que con base en una revisión minuciosa de las actuaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia, tras las denuncias presentadas en 2014 contra el entonces dirigente del PRI, quedó evidenciada "una investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia.
La reapertura del caso se derivó luego de que tres de las víctimas de la red de prostitución ganaran en 2018 un juicio de amparo, por lo que el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a la procuraduría reabrir el caso, ya que se habían desestimado las denuncias de las víctimas, y revocó el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre.
Sin embargo, fue hasta mayo de 2019 cuando la FGJ informó que el caso estaba reabierto y que la subprocuraduría de Averiguaciones Centrales, bajo la tutela de Rodrigo de la Riva, enviaría un desglose al Juez de Distrito, para saber si había cumplido con la determinación impuesta tras el juicio de amparo.
Godoy precisó que al hacer un análisis del expediente se encontraron omisiones, una de ellas que la toma de declaraciones de las víctimas fueron insuficientes para la investigación.
Se halló que el actuar de los servidores públicos produjeron "molestia a todos y cada uno de los declarantes" dentro de la averiguación previa, lo que generó que no se aportaran datos relevantes para indagar.
En aquel momento, los agentes encargados de la investigación incurrieron en actos de omisión en la misma, que provocaron retrasos como la difícil recuperación de las pruebas derivadas de los hechos denunciados.
También hicieron una deficiente búsqueda de los datos de prueba para la investigación, y únicamente se limitaron a realizar llamadas a números telefónicos sin asentar datos relevantes, pudiendo afectar la localización de las víctimas o testigos de los hechos.
La fiscal capitalina resaltó que hubo ausencia de diligencias periciales, necesarias para valorar pruebas presentadas en las denuncias de las tres mujeres.
