La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal hizo público el riesgo que corre de paralizar sus actividades y dejar de atender apoyar a miles de mexicanos; inclusive el riesgo de perder la información del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) que contiene datos personales de más de 34 mil 215 víctimas en el país. (ARCHIVO)
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal hizo público el riesgo que corre de paralizar sus actividades y dejar de atender apoyar a miles de mexicanos; inclusive el riesgo de perder la información del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) que contiene datos personales de más de 34 mil 215 víctimas en el país.
A través de un comunicado, la CEAV detalló que el decreto de austeridad del Gobierno Federal publicado el pasado mes de abril en Diario Oficial de la Federación y la reducción del 75 por ciento de su presupuesto; además de no permitirle seguir operando, significa un riesgo de demandas laborales que generarán un pasivo posterior.
Dicho recorte asciende a 139.4 millones de pesos, el cual fue determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según dio a conocer a la CEAV a través de un comunicado y estableció que ello pone en riesgo la operación de 32 Centros de Atención Integral, distribuidos en las 32 entidades del país.
En el documento se establece que los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para la operación de la CEAV, por lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos; ya que dicha institución no es propietaria de ningún inmueble.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas”, se lee en el comunicado.
LA CEAV enumeró algunos de los impactos que tendrá dicho decreto de austeridad, tales como: un ajuste en la nómina, pues la mayoría de los puestos de trabajo, son eventuales o de outsourcing. Se dejará de apoyar en tramitar nueve mil 862 traslados anuales de víctimas a audiencias con el ministerio público, los juzgados, la Comisión Nacional de Derechos Humano o diligencias de búsqueda.
“Perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras”, es otro de las afectaciones.
Se detalla que no se podrá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año, ni se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes. Y las siete mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
