Una comisión creada a instancias del Gobierno birmano reconoció este lunes que la minoría musulmana rohinyá fue víctima de crímenes de guerra. (ARCHIVO)
Una comisión creada a instancias del Gobierno birmano reconoció este lunes que la minoría musulmana rohinyá fue víctima de crímenes de guerra en 2017, pero negó que hubiera una "intención genocida" como apuntan investigadores de la ONU.
Las conclusiones de la comisión han sido recibidas con escepticismo por activistas de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que han cuestionado su imparcialidad y criticado que se culpe a soldados particulares y no a los líderes militares.
En un comunicado, la Comisión Independiente de Investigación (ICOE, en sus siglas en inglés) anunció el final de su investigación de los ataques de un grupo insurgente rohinyá y la respuesta del Ejército birmano entre agosto y septiembre de 2017 y la entrega de un informe final al presidente birmano, Win Myint.
Tras entrevistar a unos 1,500 testigos, el grupo de expertos afirmó que se produjeron "crímenes de guerra" y "serias violaciones de los derechos humanos" durante la campaña de las fuerzas de seguridad birmanas en el estado Rakáin (oeste).
"Aunque estas violaciones y crímenes serios fueron cometidos por diferentes actores, hay fundamentos razonables para creer que miembros de las fuerzas de seguridad birmanas estuvieron involucradas", precisó la comisión, creada en julio de 2018.
"La matanza de aldeanos inocentes y la destrucción de sus hogares fueron cometidas por algunos miembros de las fuerzas armadas de Birmania a través del uso desproporcionado de la fuerza durante el conflicto armado interno", añadió.
Sin embargo, los autores precisan que no encontraron pruebas que demuestren que las matanzas o desplazamientos de personas tuvieran la intención de destruir, en su totalidad o parcialmente a la comunidad musulmana o cualquier otra en el norte de Rakhine, por lo que desestimó la acusación de genocidio.
La ONG Human Rights Watch calificó de "poco transparente" la investigación de la comisión y criticó que los autores no mencionaran prácticamente la palabra "rohinyá", evitada por quienes niegan que sean ciudadanos birmanos, y que achacaran las matanzas a "soldados individuales" sin reconocer la responsabilidad de quienes estaban en la cúspide de la cadena de mando.
"La ICOE parece dispuesta a culpar a soldados individuales por los abusos pero no a los líderes militares a los que la ONU y otras investigaciones han encontrado responsables por las numerosas atrocidades cometidas sistemáticamente contra los rohinyás", indicó HRW en un comunicado en el que pidió que se publique el informe y la metodología seguida para su elaboración..
La comisión no confirmó cuándo se hará público el informe, que consta de 416 páginas, incluidos una docena de anexos para que sean investigados por la justicia birmana.
Presidida por la diplomática filipina Rosario Manalo, la ICOE incluye al expresidente del Tribunal Constitucional birmano Mya Thein, el diplomático japonés Kenzo Oshima y el profesor birmano y antiguo responsable de Unicef Aung Tun Thet.
Birmania (Myanmar) no reconoce a los rohinyás como ciudadanos, sino que los considera inmigrantes "bengalíes" y los somete a todo tipo de discriminaciones, incluidas restricciones a la libertad de movimientos.
Se calcula que vivían en Rakáin algo más de un millón de rohinyás, pero más de 725,000 se exiliaron a la vecina Bangladesh tras las operaciones militares de 2017 en respuesta a los ataques del grupo insurgente Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y fronterizos.
Investigadores de la ONU han acusado de genocidio a los militares birmanos en una campaña de asesinatos, torturas, quema de casas y violaciones de mujeres y niños.
Como consecuencia de aquellas operaciones, Gambia acusó a Birmania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de violar la Convención contra el Genocidio y la líder de facto birmana y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, encabezó la defensa el pasado noviembre.
Está previsto que la CIJ anuncie esta semana si aprueba el establecimiento de medidas cautelares en Birmania para proteger a los rohinyás.
