Loyo era el director nacional de Procesos Electorales del Consejo Nacional Electoral. (ARCHIVO)
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, pidió a la Fiscalía que investigue al exdirector de Procesos Electorales Luis Loyo, detenido por presunto tráfico de influencias.
La presidenta del Consejo electoral solicitó en una rueda de prensa que se revisen los actos de Loyo dentro de la institución y agregó que presentará a la Fiscalía un informe en el cual se "entrega toda la información de las actividades realizadas, de las decisiones tomadas dentro de su cargo para que sea parte de la investigación".
Según Atamaint, el exfuncionario fue investigado anteriormente pero no se encontraron indicios de responsabilidad sobre el desempeño de sus tareas.
Loyo era el director nacional de Procesos Electorales del Consejo Nacional Electoral hasta el jueves pasado cuando fue detenido por agentes de la Policía.
Atimaint recalcó que Loyo, acusado de formar parte de una banda de delincuentes, "tendrá que ser juzgado con el máximo rigor de la ley" y que el CNE "no va a defender ningún acto reñido con la ley y que se haya cometido dentro o fuera de la institución".
El exfuncionario fue detenido en el denominado operativo "Emperador", el pasado 28 de noviembre, junto con otros 33 sospechosos, la mayor parte de ellos investigados por supuesta asociación ilícita.
Entre los detenidos, 14 personas formaban parte de instituciones públicas como el CNE, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura y los ministerios de Trabajo y Educación.
El exfuncionario registraba en su pasado judicial 34 procesos en su contra por estafa y falsificación de documentos públicos, entre otros cargos, y estuvo detenido unos tres meses por alterar un escrito oficial.
Loyo fue detenido junto con el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social José Carlos Tuárez, quien también enfrenta a la Justicia por presunta asociación ilícita y que fue sometido a una orden de prisión preventiva, con fines de investigación.
Tuárez ha defendido su inocencia y acusado de que su caso obedece a una presunta persecución política contra activistas de la oposición.
