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Señalados de genocidio piden la falta de mérito en Guatemala

Durante sus alegatos finales en la recta final de la audiencia de primera declaración del caso

Los crímenes señalados se perpetraron en el marco del conflicto bélico que tuvo lugar de 1960 a 1996. (ARCHIVO)

Los crímenes señalados se perpetraron en el marco del conflicto bélico que tuvo lugar de 1960 a 1996. (ARCHIVO)

EFE

Los tres militares retirados señalados de genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad contra la población maya ixil, al norte de Guatemala, solicitaron este lunes a un juez de Mayor Riesgo que se les dicte falta de mérito y no ser procesados.

Durante sus alegatos finales en la recta final de la audiencia de primera declaración del caso llamado Genocidio Ixil, que inició el pasado 29 de octubre, la defensa de los mandos del Estado Mayor General del Ejército solicitaron cerrar la causa en su contra.

Se trata del jefe de la entidad, Benedicto Lucas; el encargado de Inteligencia (G2), Manuel Callejas; y el titular de Operaciones (G3), César Noguera.

En la conclusión de Noguera y Callejas -Lucas finalizó su defensa el lunes alegando que los ixiles eran "base social de la guerrilla" y que vivían en "zona roja"-, ambos reiteraron su desconocimiento sobre los hechos en los que fueron masacrados 1,128 indígenas.

Además de los asesinatos, la Fiscalía señala que hubo 540 personas víctimas delitos de lesa humanidad, 81 que sufrieron desaparición forzada y 36 niñas, mujeres y ancianas víctimas de violencia sexual, entre los años 1978 y 1982, años en los que gobernó Guatemala Romeo Lucas García, hermano de Benedicto.

El abogado de Argueta argumentó que a su defendido "no se le intimaron hechos", sino que se le señaló de forma "político e ideológica" y manifestó que solo estuvo al cargo de jefe de Operaciones entre enero y marzo de 1982.

Agregó que la Fiscalía no señaló cuáles fueron los hechos cometidos por Argueta "como parte del comportamiento antijurídico", aunque el ente investigador ha reiterado a lo largo de la audiencia de primera declaración que fue precisamente en esos tres meses cuando ocurrieron los asesinatos de al menos 1,110 ixiles.

Pero el abogado de Argueta sostuvo que esos hechos deberían ser en realidad atribuibles a los comandantes de las bases, de las zonas militares y de los batallones, pues, según afirmó, "ellos eran quienes tomaban las decisiones y daban las órdenes" en el campo.

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