Según la imputación, altos ejecutivos de FCC autorizaron pagos por más de 82 millones de euros en sobornos para conseguir contratos en Panamá, para lo cual estableció un consorcio con la constructora brasileña Odebrecht.
La Audiencia Nacional de España abrió una investigación por corrupción contra la constructora española Fomento de Construcciones y Contratos (FCC), cuyo accionista principal es el empresario mexicano Carlos Slim.
La empresa es señalada de haber pagado más de 82 millones de euros (unos 91 millones de dólares) con el fin de conseguir las adjudicaciones para la construcción de dos líneas del metro y de la Ciudad de la Salud, en Panamá.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, atribuyó a la compañía los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales, de acuerdo con el diario local El Mundo.
El juez incluyó en la acusación a FCC y a dos de sus filiales al considerar que la compañía “no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de los hechos delictivos”.
Esas empresas “presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes” en los proyectos en Panamá, dinero que se usaba para realizar “pagos de corrupción” que se encubrían como comisiones comerciales, pero que acababan en manos de empleados públicos y políticos, aseveró Moreno.
Según la imputación, altos ejecutivos de FCC autorizaron pagos por más de 82 millones de euros en sobornos para conseguir contratos en Panamá, para lo cual estableció un consorcio con la constructora brasileña Odebrecht -señalada por encabezar esquemas de corrupción en numerosos países-, indicó el diario local El País.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, FCC constituyó un consorcio con Odebrecht para adjudicarse dos grandes contratos del metro de Panamá. Ambas empresas habrían sobrefacturado el acero comprado para las obras del metro a fin de obtener fondos extra y usarlos después para pagar los sobornos.
Asimismo, la Fiscalía señaló que FCC pagaba comisiones a las sociedades del abogado Mauricio Cort, de nacionalidad española-panameña, quien actuaba como testaferro y desviaba el dinero a empleados y dirigentes políticos de Panamá, además de que sus empresas se dedicaban a mover los recursos entre distintas cuentas bancarias en Suiza y en el banco andorrano BPA.
