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Admite SCJN controversia de gobierno estatal contra 'Ley Bonilla'

Legislativo de Baja California deberá enviar documentos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California para impugnar la 'Ley Bonilla', recurso que quedó radicado en el expediente 324/2019. (ARCHIVO)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California para impugnar la 'Ley Bonilla', recurso que quedó radicado en el expediente 324/2019. (ARCHIVO)

EL UNIVERSAL

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una controversia constitucional presentada por el actual gobierno de Baja California contra la llamada "Ley Bonilla" que establece la ampliación del mandato del próximo gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años.

El ministro Fernando Franco González Salas dio entrada a la impugnación misma que se suma a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano contra la reforma a la constitución de Baja California.

Estas impugnaciones, fueron admitidas la semana pasada por el ministro Franco quien negó suspender la toma de protesta de Jaime Bonilla el próximo 1 de noviembre.

"La admisión del presente medio de control constitucional no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada; además el hecho de que el Gobernador entre en funciones el próximo primero de noviembre del presente año, no significa que se hayan consumado los efectos de la norma, dado que su aplicabilidad es de tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas", precisó el ministro.

Este lunes, los excandidatos a la gubernatura de Baja California, Ignacio Anaya, Jaime Martínez Veloz, José Oscar Vega Marín y Enrique Acosta acudirán a la SCJN a presentar un "Amicus Curiae" en el que solicitarán a la SCJN que, ante la negativa de la suspensión solicitada por los partidos políticos que impugnaron la "Ley Bonilla", el Máximo Tribunal del país ordene al Congreso local que el Bando Solemne que expida para dar a conocer la declaración de gobernador electo sea por dos años y no por cinco.

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