A más de cuatro meses de exigir apoyos por parte del gobierno federal, la comunidad rarámuri de los municipios de Bocoyna y de Guachochi, en Chihuahua, continúa protestando por el retraso en la entrega de recursos de programas sociales. (ARCHIVO)
A más de cuatro meses de exigir apoyos por parte del gobierno federal, la comunidad rarámuri de los municipios de Bocoyna y de Guachochi, en Chihuahua, continúa protestando por el retraso en la entrega de recursos de programas sociales.
A finales de septiembre alrededor de 300 rarámuris de comunidades ubicadas en esos municipios detuvieron en la entrada a San Juanito la camioneta en la que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle que están muriendo de hambre.
Asimismo, le pidieron fuentes de empleo y la entrega de programas sociales, una exigencia reiterada desde hace meses al delegado de Bienestar de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por presunto nepotismo.
En Chihuahua, el presidente reconoció que se trata de una realidad que “duele”, por lo que se tiene que prevenir que haya los satisfactores básicos para esta comunidad, a lo que se suman los programas de bienestar.
El pasado 17 de julio, las comunidades rarámuris también realizaron una marcha rumbo a la capital de Chihuahua para demandar la entrega de apoyos federales, mismos que les retiraron desde la entrada del nuevo gobierno.
Uunos días antes realizaron otra manifestación, la cual partió desde Creel, municipio de Bocoyna y denominaron la Marcha del Hambre o del Trabajo, iniciativa en la que también piden la ayuda del resto de los habitantes para tener agua y comida a su paso.
De acuerdo con una investigación de Sin Embargo, desde mayo el delegado de Bienestar de Chihuahua, Juan Carlos Loera, y el delegado regional en Parral, Luis Fernando Duarte González, están denunciados ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por nepotismo.
Días ante de presentarse las denuncias, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, se comprometió en conferencia de prensa matutina a investigar el caso.
Sin embargo, cuatro meses después, los funcionarios no han sido investigados por la Función Pública. Incluso, Juan Carlos Loera ha argumentado que en la Sierra Tarahumara no hay bancarización para la entrega de tarjetas y están en proceso de dar los recursos a través de Telecomm.
Entre otras irregularidades, la denuncia menciona a la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, comadre de bautizo del delegado Luis Duarte, y su esposa, Ishtar Ibarra Barraza, quien hasta el 30 de abril apareció como funcionaria pública en la Secretaría de Bienestar, pues la secretaria particular de Montiel era Myrna Brighite Granados de la Rosa, sobrina de Loera.
