La titular de Derechos Humanos de CDMX pidió sanciones penales y administrativas. (ARCHIVO)
La ombudsperson de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, afirmó ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que en al menos tres de cada 10 expedientes correspondientes a feminicidio se filtra información, lo que se debe sancionar penal y administrativamente.
Durante la presentación del informe anual de 2018 ante legisladores locales y federales, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) advirtió que la violencia de género estructural ha ido al alza, al igual que la imperante demanda de construir nuevas formas de relaciones sociales que dejen fuera la violencia de género.
"El reclamo es añejo y es necesario atenderlo sin dudas y con las herramientas jurídicas con las que ya se cuentan, sin pretextos", señaló.
Anunció que en las próximas semanas, la comisión que encabeza concluirá el informe Investigar con perspectiva de derechos humanos la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, resultado de la sistematización de información correspondiente a expedientes de queja que van de 2012 a 2018.
Desde el año pasado se comenzó a sistematizar información para documentar los patrones de violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, explicó Ramírez Hernández.
Por eso hoy se sabe con certeza que al menos en tres de cada 10 expedientes correspondientes a feminicidio se divulga la información catalogada como confidencial, hecho mismo que motiva queja.
Es decir, se filtra información que corresponde a la investigación, lo que viola los derechos humanos de las mujeres cuyos casos se investigan, y tiene como efecto una victimización secundaria, la invasión de su privacidad y la exposición a más agresiones.
La ombudsperson advirtió que por su gravedad y reiteración, la filtración de información de una investigación se debe sancionar penal y administrativamente.
Confió en que el informe y las investigaciones en curso sobre violencia familiar, desaparición de mujeres, feminicidio, violencia sexual, entre otras, contribuyan al derecho a la verdad de las víctimas, a la reparación integral del daño y a generar acciones de política pública que disminuyan la violencia de género.
