El organismo defensor planteó que si bien la deliberación y la discusión públicas son parte importante de la vida democrática y en ocasiones esos debates y críticas pueden ser vigorosos y hasta incómodos, ello no debe trascender a descalificaciones, estigmatizaciones o insultos hacia comunicadores y medios. (ARCHIVO)
La polarización social y la descalificación hacia algunos periodistas alentadas desde sectores del gobierno fomentan la división social y agudizan la situación crítica de violencia contra la prensa en México, estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo defensor planteó que si bien la deliberación y la discusión públicas son parte importante de la vida democrática y en ocasiones esos debates y críticas pueden ser vigorosos y hasta incómodos, ello no debe trascender a descalificaciones, estigmatizaciones o insultos hacia comunicadores y medios.
Sobre todo, agregó, en circunstancias como las que se viven desde hace años, de alta incidencia de violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país.
En un comunicado, mencionó que recientes insultos y descalificaciones de servidores públicos contra comunicadores en redes sociales antecedieron a diversos ataques en esas plataformas digitales contra periodistas.
"Incluso uno de ellos recibió una amenaza anónima en su domicilio, por lo cual no debe pasar inadvertido que tales agresiones se dan en el contexto del discurso amenazante de funcionarios que fomenta ambientes poco propicios para el ejercicio del periodismo e incrementa el riesgo de quienes lo ejercen", dijo.
La CNDH estimó que hoy más que nunca debe impulsarse el respeto absoluto a la crítica y a las opiniones diversas, así como evitar, disuadir y rechazar cualquier tipo de discurso amenazante contra comunicadores y medios.
“La consolidación democrática que requiere nuestro país depende, en buena medida, de alcanzar ese objetivo”, aseveró.
Externó que incurrir en esas conductas durante actos o ámbitos que son documentados y difundidos mediante plataformas digitales, así como por televisión y radio, implica que gran cantidad de sectores sociales y auditorios de muy distintos perfiles puedan replicar ese discurso agresivo y crear un contexto poco favorable para la libertad de expresión y, en consecuencia, fomentar las agresiones contra la prensa.
Igual ocurre con los nuevos medios alternativos, como las redes sociales, respecto de las cuales, recordó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló recientemente que los servidores públicos no dejan de serlo al usar cuentas o perfiles personales y mucho menos cuando mediante ellos dan a conocer información sobre las actividades propias de su encargo.
Hizo énfasis en que “el servicio público debe verse como vocación y nunca como plataforma u oportunidad para denostar o descalificar a la prensa que no coincide con una postura, ideología o decisión de gobierno”.
El órgano autónomo advirtió que la libertad de expresión en México enfrenta un panorama de violencia que ha convertido al país en el más peligroso para ejercer el periodismo en América y que los 149 homicidios cometidos contra comunicadores desde 2000 y los 21 periodistas desaparecidos desde 2005 son la evidencia más terrible de ello.
Acusó que en los últimos meses se han incrementado las descalificaciones hacia medios de comunicación y periodistas, provenientes en muchos casos de funcionarios del Estado.
Por ello si bien quienes ostentan un cargo público pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión, la misma adquiere ciertas connotaciones y características distintas que cuando es ejercida por particulares.
Consideró que por ello en los servidores públicos debe imperar la autocontención, la tolerancia a la crítica y la responsabilidad permanente ante la posición, poder de influencia y jerarquía que sus palabras y acciones tienen al interior de las instituciones en que laboran y en todos los sectores sociales que siguen o son influenciados por los discursos y determinaciones que lleven a cabo.
