Seguidores de Manuel Zelaya trataron de conmemorar el día del golpe de Estado, sin embargo, les fue impedido.
En la madrugada del 28 de junio de 2009, y en una conspiración de militares y políticos hondureños, Manuel Zelaya fue sacado a la fuerza en pijama y en paños menores de su residencia presidencial de Honduras, llevado a un aeropuerto de Tegucigalpa, subido a una aeronave y, en contra de su voluntad, enviado a Costa Rica tras ser despojado de sus poderes ejecutivos.
La accidentada secuencia, justificada en bloquear el ansia reeleccionista de Zelaya en un país en el que la reelección tenía candado constitucional, consumó hace una década lo que hasta hoy todavía es el último golpe de Estado en América Latina y el Caribe, con un prolongado historial de más de 200 años de asonadas castrenses para instalar gobiernos de facto.
Pero al cumplirse 10 años de un acontecimiento que sacudió la geopolítica americana y europea, y por el que Zelaya nunca retornó a la Presidencia, Honduras se precipitó a la violencia con muertos, heridos y represión y llevó al país a sufrir severas sanciones económicas y políticas internacionales.
Sin embargo, 10 años después del golpe de Estado a Manuel Zelaya, la crisis política, social y económica en que cayó Honduras sigue latente y con nuevos actores protestando y exigiendo la salida del actual gobernante, Juan Orlando Hernández.
El mismo Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando promovía una consulta popular para reformas constitucionales que la ley le impedía, reiteró este viernes su exigencia de que Hernández, a quien tilda de "usurpador" y "dictador", salga del poder, en el que dice que se sostiene con el apoyo de los militares y Estados Unidos.
Zelaya tenía previsto este viernes recordar el décimo aniversario de su derrocamiento en el extremo sur de Tegucigalpa, en un bulevar frente al Aeropuerto Toncontín, con un homenaje a los "mártires" que murieron luego del golpe de Estado, pero los militares se lo impidieron, según denunció el exgobernante en Twitter.
En ese sitio murió de un balazo en la cabeza Isi Obed Murillo, cuando participaba en una multitudinaria manifestación para recibir a Zelaya el 5 de julio de 2009, pero los militares impidieron que aterrizara el avión en el que regresaba a Honduras, acompañado por el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y otras personas.
Por su parte, la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, quien fue la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales de 2013, señaló que "10 años después Honduras amanece militarizada. ¡Le tienen miedo a la verdad! Hoy destruyen la conmemoración a los mártires del golpe, acciones grotescas de la dictadura".
Por su parte, el diputado Juan Barahona, de Libre, primera fuerza de oposición en el Parlamento hondureño, dijo que después del derrocamiento a Zelaya en 2009 "aquí no ha cambiado nada, el golpe de Estado nos retrocede 50 años y los 10 años del golpe nos han hundido en una pobreza que no es fácil sacar a este país donde se encuentra".
A las facturas políticas pendientes en América Latina y el Caribe se añaden las agudas carencias sociales en una región que, con unos 623 millones de habitantes, tiene unos 122 millones en la pobreza y unos 62 millones en la miseria extrema, por lo que hay unos 184 millones todavía azotados por la desesperanza, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Sin indicios reales de solución a los líos socioeconómicos que generan una creciente migración intracontinental, lo que en el caso venezolano es éxodo, varios dilemas emblemáticos golpean el escenario político regional, como la cuestionada legitimidad institucional gobernante en Honduras, Venezuela y Nicaragua.
Al tenso panorama democrático se suma la prolongación del régimen comunista de Cuba, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Argentina o Brasil, y la discriminación en República Dominicana, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador y en numerosos países del área. La crisis hondureña se prolongó, a un decenio del golpe.
Con menos atención externa que las crisis en Nicaragua, que surgió en 2018, y en Venezuela, que recrudeció hace más de cinco años, Honduras también cayó en una tormenta por la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández.
Pese a que alegó que su reelección fue legítima, Hernández se hundió en agudos conflictos internos. En un hecho sin antecedentes desde que, en 1982 y después de unos 20 años de regímenes castrenses, Honduras avanzó a la democracia, Hernández quitó el veto constitucional y se reeligió en unos dudosos comicios en noviembre de 2017 para un segundo cuatrienio presidencial consecutivo, que inició en enero de 2018.
Otros comicios, como los del 16 de junio anterior en Guatemala, reconfirmaron en el poder a castas políticas y económicas tradicionales en una nación acorralada por la prolongada corrupción con impunidad.
Los 33 países latinoamericanos y caribeños repitieron en 10 años que sus democracias se fueron consolidando, sin importar si defendieron los modelos gobernantes en San José, Bogotá, La Habana, Caracas, Managua, Brasilia, La Paz, Guatemala, San Salvador o Tegucigalpa.
Pero la realidad es que la criminalidad se agravó en una década en la mayoría de las naciones y atizó un cóctel de desafío a la democracia: miseria, inseguridad, corrupción, impunidad, migración forzada e inestabilidad.
