En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la dependencia señaló que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración coordina mesas de trabajo, de la mano de la FGR, organismos de la sociedad civil y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México. (ARCHIVO)
La Secretaría de Gobernación (Segob), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), alista el primer programa nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la dependencia señaló que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración coordina mesas de trabajo, de la mano de la FGR, organismos de la sociedad civil y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México.
"Se ha trabajado un documento que representa uno de los cambios más relevantes para la debida atención, esmero y consideración por parte del Estado mexicano a uno de los flagelos más recurrentes de los últimos años", presumió la dependencia.
La institución aseveró que el programa nacional no solo debe configurarse como un instrumento político, sino como un plan en el cual se garantice la total erradicación de la tortura, toda vez que el compromiso del actual gobierno federal es que no existan más víctimas de este delito.
Mediante un comunicado, la Segob indicó que la "práctica de la tortura es una de las más terribles herencias de los gobiernos pasados, por lo que la lucha para su erradicación es un compromiso de la justicia transicional que implica determinar la responsabilidad penal, buscar la verdad, llevar a cabo la reparación del daño a las víctimas y garantizar la no repetición".
Señaló que este día es un duro recordatorio del tormento continuo que miles de personas sufren. "La tortura es un acto injustificable, una violación tan grave que impacta a las víctimas directas y a sus familias".
Agregó que el momento histórico que se vive en el país exige reconocer a las víctimas, reparar el daño y garantizar su acceso a la justicia, pero sobre todo a cumplir con la obligación que tiene el Estado, de no tolerar los atropellos impunes desde el poder en contra de la ciudadanía.
