La agrupación de abogados destacó que la 'consulta' a mano alzada contra el Metrobús, tendrá un impacto desfavorable.
El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas resaltó que el mecanismo de "consulta" a mano alzada con la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, decidió cancelar el Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo, no está previsto como un instrumento legal para la toma de decisiones por parte del Ejecutivo.
El organismo ofreció su respaldo jurídico y acompañamiento a las autoridades municipales de La Laguna, si lo deciden, para hacer valer sus atribuciones en cuanto al transporte público e infraestructura para las ciudades.
Mediante un escrito, firmado por el presidente de la agrupación, Rubén Fernández Aceves, la agrupación dio a conocer su postura sobre la polémica decisión que el presidente tomó en la visita que efectuó el pasado domingo 16 a la ciudad de Gómez Palacio.
De acuerdo con dicha organización, la cancelación de la obra de infraestructura se hizo con base en la decisión de un grupo de personas reunidas en el evento de ese día, y esto tendrá un impacto directo en el desarrollo metropolitano de la zona de La Laguna.
El mecanismo de "consulta" no está previsto en el marco jurídico como un instrumento para que el titular del Ejecutivo tome decisiones, mucho menos si éstas tienen un impacto en el ejercicio del Presupuesto de Egresos que ya está autorizado.
"No es así como nacen los actos administrativos y como se toman decisiones de la política pública, en un Estado Democrático de Derecho como el que aspiramos los mexicanos conforme al diseño de nuestra Constitución", señala el documento.
La agrupación exhortó al presidente a respetar la Constitución y a normar el ejercicio de la autoridad que le fue concedida por el voto de los mexicanos, a la vez que hizo un llamado a las autoridades federales involucradas, a que se dé continuidad al proyecto del Metrobús para La Laguna de Durango, en tanto no exista una resolución administrativa o jurisdicción firme, dictada conforme a la Constitución, para suspender el proyecto.
A su vez, recomendó a los gobernadores de los estados involucrados, Coahuila y Durango, a que se tome en cuenta a los alcaldes de la zona metropolitana con base en el Artículo 115 Constitucional.
