Señalan omisiones por parte de tres sexenios en las consultas a los pueblos indígenas de México. (ARCHIVO)
Al menos desde hace 18 años, el Estado mexicano ha violentado sistemáticamente el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas sobre megraproyectos que impacten sus territorios, concluyó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un reciente informe realizado por su Instituto de Investigaciones Jurídicas, en conjunto con organizaciones sociales.
El documento analiza la implementación de la figura de consulta indígena en el país de 2000 a 2018, periodo en el que se realizaron 31 consultas para proyectos de desarrollo y otras 10 derivadas de fallos de distintos tribunales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El análisis abarca los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y el priista de Enrique Peña Nieto.
Como conclusión, el informe indica que las instancias del Estado y principalmente al Ejecutivo federal fueron omisos al no consultar a los pueblos indígenas pese a que México ratificó en 1991 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en los casos donde hubo aplicación de consultas, denuncia que estas no han sido previas, debido a que en su mayoría fueron iniciadas luego de la entrega de los permisos a empresas o cuando las obras ya estaban en operación o concluidas; esto, dice el documento, violenta el derecho de los pueblos a dar un consentimiento previo, libre e informado.
Entre las irregularidades detectadas, considera que la armonización de la legislación federal y estatal frente a los estándares internacionales es deficiente e incompleta, sobre todo en los estados con mayor presencia de pueblos indígenas como Oaxaca y Chiapas, lo que se traduce en discriminación porque algunas comunidades tienen menor grado de protección, dependiendo de la entidad a la que pertenezcan.
"Existe una enorme disparidad entre las distintas normas que regulan el derecho a la consulta a nivel federal, ello provoca que, en ocasiones, los criterios a seguir en algunas de las leyes sean muy amplios e imprecisos, mientras que en otras muy estrechos y limitados, generando así un marco legal diverso, poco claro", detalla.
El informe destaca dos casos de Oaxaca, la consulta que se está desarrollando en la región de los Valles Centrales sobre el decreto de veda de agua de 1967, y la del proyecto Eólica del Sur en Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.
